inalmente, y no por voluntad propia como alguno pretendió hacer creer, Cristina de Borbón ha tenido que bajar la rampa de acceso a la puerta trasera de los Juzgados de Palma de Mallorca. Ha sido una bajada obligada por las 227 páginas del Auto del juez Castro y porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que «la persona a quien se impute un acto punible deberá ser citada sólo para ser oída…» Y si no compareciera, «ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención».
En su fugaz descenso de la realidad monárquica a la vida real ha contado, además de con el obvio auxilio de sus abogados —¿de verdad tuvieron que explicarle a una de las once personas que en este momento pueden acceder en España a la Jefatura del Estado cuál es el papel de jueces, fiscales y abogados?— con la inestimable colaboración de, al menos, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la propia Casa del Rey. Es de esperar que —si la Justicia es igual para todos— empiece ahora una nueva etapa en este país donde cualquier persona que deba comparecer como imputada vea protegida su imagen y tranquilidad ante tan desagradable trance y sienta que el Ministerio Fiscal y, en su caso, la Abogacía del Estado y el propio Ministro de Justicia pelean por su reputación, libertad y patrimonio como si les fuera la vida en ello.
Pero como no todo va a ser perfecto ni olvidamos nuestra condición humana, también confiamos en que tanto la Administración Tributaria como la de la Seguridad Social sean comprensivas si es que incurrimos, como parece deducirse que aconteció en una casa de Pedralbes, en tontos despistes a la hora de incluir como gastos desgravables cursos de bailes tropicales o contratamos empleados de hogar de forma irregular.
Donde nos prometen que habrá un antes y un después de este presunto «martirio» judicial es en la Casa del Rey: primero, porque ya no hacen comentario sobre las resoluciones judiciales, pues han recordado que la Constitución dispone que «la justicia se administra en nombre del Rey», que «arbitra (sic) el funcionamiento regular de las instituciones»; segundo, porque, nos han dicho, «han pedido someterse a la Ley de Transparencia» —manifiestamente mejorable dicho sea de paso—, quizá pensando que seguimos en el siglo XIX y en un sistema en el que el Rey puede vetar la aprobación de leyes aprobadas por el Parlamento; tercero, porque a partir de su «autosometimiento a la Ley» va a ser una «casa de cristal» y, con seguridad, esa página web cuya remodelación ha costado 102.146 euros no solo va a mostrar -faltaría más- el sueldo de la Reina y la Princesa Letizia sino cómo se gasta el conjunto de 7.775.040 euros que recibe para 2014 del erario público. No vamos a ser menos que su Graciosa Majestad la Reina Isabel, que especifica en un informe de 81 páginas (http://www.royal.gov.uk/pdf/Financial reports 2012-13), comparando el gasto de 2012 y 2013, todos sus ingresos y gastos, y nos desglosa el importe de electricidad, agua, luz, teléfono, lavandería, limpieza, comida y bebidas, especificando en el apartado correspondiente el stock, nada despreciable, de vinos y licores; también nos informa, en materia de viajes, y por mencionar un ejemplo algo exótico y no precisamente barato, que el Duque y la Duquesa de Cambridge hicieron, entre el 16 y 19 de septiembre, el trayecto Kota Kinabalu-Honiara-Funafuti-Brisbane por un importe de 172.436 libras.
Pero si la Casa del Rey va a ser de cristal entonces tendrá, además, que incluir en su suntuaria página web, como hacen por ejemplo el Congreso de los Diputados y el Senado, la documentación de los bienes patrimoniales y rentas privadas de las personas que forman la línea sucesoria: sueldos, honorarios, dividendos, intereses de cuentas y depósitos, bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, acciones y participaciones en todo tipo de sociedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves. Si parece razonable conocer esa información de los diputados y senadores —decía hace más de 100 años el juez Brandeis que la publicidad es justamente elogiada como un remedio para las enfermedades sociales e industriales—, ¿qué motivo hay para que no se conozca otro tanto de las 11 personas que forman la línea sucesoria o, cuando menos, del Rey y de sus hijos? No se olvide, además, que el Jefe del Estado es inviolable y no está sujeto a responsabilidad mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, lo que tiene que tener, como contrapartida mínima, una absoluta transparencia, pues esa prerrogativa le ampara incluso en actividades no oficiales. Y es que no basta con poner nombres griego a lo aparente —Instituto Nóos (intelecto), Fundación Areté (virtud)— si el meollo está en la inmobiliaria Aizoon (siempre vivo).
De momento, y tras esta primera y fugaz bajada al mundo real y a la espera, como mínimo, de lo que ocurra procesalmente con Urdangarin y compañía, no parece tan claro como algunos pronostican que la institución monárquica, al margen de las obras de acristalamiento en la Casa, sea capaz de remontar la rampa de la aceptación ciudadana tras el destrozo causado por algunos de los inquilinos.
*Miguel Ángel Presno Linera es Profesor Titular de Derecho Constitucional. Acreditado como catedrático
