De forma lenta pero inexorable, una generación de comercios tradicionales, algunos de ellos casi centenarios, ha venido echando la persiana en los últimos meses, sobre todo en el entorno del Centro Histórico. La jubilación de los actuales propietarios o las dificultades generadas por la crisis han sido algunas de las razones esgrimidas a la hora del cierre, aunque hay un motivo sutil y más devastador. La extinción de los denominados Contratos de Arrendamiento de Renta Antigua, que expiran el próximo 31 de diciembre, está contribuyendo a diezmar las tiendas de toda la vida, ya que los comerciantes, en la mayoría de los casos se muestran totalmente incapaces de asumir de golpe una subida del alquiler que, según comentan los expertos, encarecerá entre un 200% y un 400% el precio de los locales. El Colegio de Administradores de Fincas comentaba hace unas fechas en este periódico que los dueños de los locales tampoco se lo están poniendo fácil a los comerciantes a la hora de renovar el contrato de alquiler, sabedores de que cualquier multinacional o cadena franquiciadora puede ofrecerles una renta mucho más jugosa a partir del 1 de enero. En estos momentos, el final de la renta antigua es una espada de Damocles para unos 400 comercios malagueños que todavía no tienen resuelta la renegociación de su alquiler. «La ley de la oferta y la demanda», dirán algunos. Es posible, pero el comercio tradicional, forjado durante décadas con el tesón de miles de familias malagueñas, merece un trato más delicado. La propia Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA) ha reclamado al Gobierno una ampliación de la moratoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para «salvar al comercio tradicional y evitar decenas de miles de despidos». La propuesta de la CECA contempla cuatro puntos esenciales: una nueva moratoria para estos comercios; una actualización de las rentas a través del IPC de los últimos 20 años; una indemnización de los arrendadores a los arrendatarios en el supuesto de no renovarse el contrato (equivalente a 18 meses de la propuesta de renta que haya sido rechazada); y que los contratos de alquiler subrogados por el cónyuge (comprendidos entre 1995 y 2014) continúen hasta la jubilación o fallecimiento del mismo. En este tema, la Administración debería ser sensible y tratar de pactar una salida para estos comerciantes. De lo contrario, a la vuelta de unos meses tendremos una oferta todavía más uniformada que la actual (que ya es decir) con los centros de las ciudades tomadas por completo por las mismas franquicias. Y preservar lo nuestro es también una apuesta de futuro.