Es lo que indica un estudio llevado a cabo por tres ONG, el Instituto Transnacional, el Observatorio Internacional y Public Services International, sobre la distribución del agua en las ciudades del mundo. Nada menos que 180 ciudades o municipios de 35

países han vuelto a recuperar el control público de esos servicios, que habían pasado a manos privadas o semiprivadas.

Las razones son claras: la falta de transparencia y corrupción en muchas contratas, el aumento de las facturas que terminan pagando los consumidores; todo ello unido en muchos a una insuficiencia de inversiones y a un peor servicio porque lo que parecía importar por encima de todo era el beneficio para el accionariado de las empresas.

En los cinco últimos años, 81 municipios de países de renta alta han remunicipalizado el agua mientras que en ese mismo período de tiempo han sido muy pocas las ciudades que han seguido, como Yeda, en Arabia Saudí, o Nagpur, en la India, el camino inverso.

Entre los municipios de distintos continentes que han decidido seguir la primera tendencia están algunos tan importantes como París, Berlín, Budapest, Johannesburgo, Accra, La Paz, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Maputo o Atlanta (Estados Unidos).

Lo más significativo es que ese proceso se haya acentuado en los últimos tiempos sobre todo en Francia, país donde tienen su sede algunas de las grandes multinacionales del sector como Suez o Veolia, que han tratado de exportar el modelo privatizador a otros países.

El informe, firmado entre otros por Satoko Kishimoto, del Instituto Transnacional, de Ámsterdam, no oculta los problemas que han tenido algunos municipios como el de Buenos Aires, que se ha enfrentado a pleitos por ruptura de contrato, o el de Berlín, que ha tenido que pagar costos muy elevados por la recompra de esos servicios a dos compañías privadas.

Pero todos ellos creen que con la recuperación para el sector público de algo tan esencial como la distribución de agua potable se les garantiza a los ciudadanos una mejor calidad y a mejor precio que cuando, por presiones propias o ajenas, pasaron a manos privadas o estuvieron bajo una gestión mixta público-privada.