Cuaderno de mano

Ángeles de la guardia

12.04.2015 | 05:00

Abogados de sí mismos, han decidido defender su derecho a cobrar. Y a que su oficio deje de ser el turno de 365 días al año, abierto las 24 horas, peor pagado de la sociedad española. Hace tiempo que la Justicia no es del todo legal con estos letrados que garantizan asesoramiento gratuito a las personas sin recursos. El artículo 119 de la Constitución contempla su labor. Y también el pago por parte de la Administración Pública de sus honorarios. Una obligación que generalmente se adeuda, se retrasa en exceso y no reconoce las subidas del IPC. Esta situación es la penosa realidad de varias comunidades pero principalmente a la de Madrid afectada, desde hace un año, por la no actualización de la cuantía desde 2003, y el recorte del 20% efectuado por Esperanza Aguirre en 2012, lo que supuso una pérdida de poder adquisitivo de más del 50%. En Andalucía, la Junta -que llegó a adeudar al Colegio de Abogados de Málaga la retribución del turno de oficio correspondiente a 2013 por un importe de 6,2 millones de euros-, se puso al día poco antes de las elecciones del pasado mes. No ha ocurrido así en otros lugares. Y cuando esto sucede, ¿a quién recurren estos abogados?, ¿quién los representa en su querella? No les queda más remedio que hacer de su toga un sayo y rebelarse contra los recortes, organizando intermitentes huelgas de celo e intentando que la sociedad conozca su ejercicio, valore su vocación y aprecie que no por ser gratuita su labor no tiene mérito y rostro humano.

Cuando los abogados del turno de oficio se hacen cargo de la defensa de un justiciable -es curioso cómo el lenguaje judicial convierte en acusación casi denigrante la mayoría de su términos-, ellos cargan con todos los gastos: teléfono, fax, uso del despacho, desplazamientos a cientos de kilómetros para hacer guardias de detenidos, visitas a los que están en prisión, el estrés a la carrera en los juzgados porque colea una víctima de la guardia anterior y en otro juzgado tienen el juicio de un detenido al que asistieron hace meses. Un trasiego por el que les pagan 100 euros por un día de guardia (aunque generalmente suelen ser tres días) y 250 euros por un asunto cuya tramitación se puede alargar durante años. Un ejemplo es, que tras el dictado de una sentencia de pensión de alimentos, su posterior ejecución por incumplimiento, que conlleva un largo y tedioso procedimiento judicial de ejecución, se deba realizar de manera gratuita, ya que no se abonan estas actuaciones posteriores, durante el plazo de dos años a contar desde el dictado de la sentencia. Es como si al médico de la Seguridad Social no se le pagaran las operaciones que efectúa a personas que no tienen derecho a la sanidad pública. Con la ventaja de que en su caso es el hospital el que carga con los gastos de anestesia, medicamento y material quirúrgico.

Se sabe que las administraciones sólo entienden de cifras Excel. Ese frío programa de cálculo que todo lo cuantifica económicamente. La salud, la educación, la justicia. Lo que cuenta es la relación entre gasto y ahorro. Es el caso de los más de 40 mil abogados del turno de oficio, de los que sólo el 14% tiene menos de 35 años, el 39% más de 45 y el 47% cuenta con una experiencia profesional de entre 10 y 20 años, según una encuesta de Metroscopia de 2012. Sin olvidar que muchos de ellos son abogados de gran prestigio y que todos están sobradamente preparados. No sólo por la formación y experiencia que tienen en la defensa de mujeres víctimas de violencia de género, de menores de edad, extranjeros y reclusos. También porque cada dos años es obligatorio realizar un curso de reciclaje. Avales a los que sumarle que todos se alistan por el convencimiento de que su trabajo es una cuestión social o ideológica. Una evidencia es que durante dos años 80 letrados del Colegio malagueño, que cuenta con 900 en el turno, asistieron gratuitamente a los internos de la prisión de Alhaurín y del CIS, cuando la Junta suprimió las partidas destinada a este servicio, que afortunadamente acaba de restablecerse con el acuerdo de colaboración firmado entre la administración andaluza, el Gobierno central y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Tiene mérito que a pesar de todas estas precariedades económicas, de bregar con la desconfianza de un cliente que no los ha elegido, y de que para la mayoría de ellos los casos de justicia gratuita representan como mucho un tercio del volumen de asuntos de sus despachos, menos de 6 mil euros al año, todos se quedan en un turno que le inyecta a su oficio un conocimiento real de la injusticia y de la impotencia humana, y doctorarse en toda clase de argucias, tanto para buscar resquicios legales en favor de sus clientes como para defenderse de las triquiñuelas con las que algunos de esos mismos clientes alargan los procesos acusando de indefensión a sus letrados.

La inversión en justicia gratuita en España ha caído 43 millones en los últimos cuatro años. Un recorte a costa de los honorarios que perciben los letrados. Resulta lógico por tanto que exijan la retribución de la totalidad de las actuaciones profesionales, conforme a criterios de valores medios de mercado, y un establecimiento de los mecanismos adecuados para la coordinación de los señalamientos, comparecencias y actuaciones judiciales, a fin de evitar retrasos entre otras reivindicaciones.

A finales de marzo el Ayuntamiento de Benalmádena Pueblo bautizó el enclave ubicado a las puertas del Juzgado de Paz, con el nombre de Plazuela del Abogado de Oficio. Un bonito homenaje a la labor de esta defensa procesal cuya ética de la gratuidad y público tiene derecho a ser valorada por la Justicia en su justa medida. La dignidad no es un coste tan elevado para que este oficio continué con sus ángeles de la guardia y la falta de recursos no sea una forma de condena.

*Guillermo Busutil es escritor y periodista
www.guillermobusutil.com

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