Los distintos gobiernos españoles han sido muy tibios, cuando no directamente refractarios, al reconocimiento de los derechos políticos a las personas inmigrantes. El modelo que se ha configurado en las elecciones municipales es el del reconocimiento del derecho al voto mediante la firma de acuerdos de reciprocidad con otros países. Que, actualmente, sólo se han firmado con 12 países, lo que impide que puedan votar personas inmigrantes procedentes de Marruecos, Argentina o Brasil, por ejemplo. Las pocas personas inmigrantes que sí pueden votar tampoco lo tienen fácil: deben cumplir requisitos de tiempo de residencia (cinco años) o manifestar su voluntad para votar ante la administración contando, además, con un periodo muy limitado de tiempo (en este caso 45 días de diciembre de 2014 a enero de 2015, muy lejos de las propias elecciones).

Está demostrado que el interés en que estas personas participen en las elecciones es cada vez menor. Y ponemos varios ejemplos. Uno es la falta de respuesta a una pregunta realizada por un diputado al Congreso referente a la cifra de personas extranjeras con derecho a voto en las elecciones municipales: cinco meses después, el Gobierno apenas respondía que no podía facilitar los datos hasta la constitución del censo electoral definitivo. Tampoco se ha hecho una promoción intensa del derecho a voto -apenas con una mini campaña en televisión- entre las personas extranjeras. Y, además, aunque la normativa electoral responsabiliza a los ayuntamientos de dar publicidad y difundir la participación política y los procedimientos, la realidad es que apenas se han preocupado de cumplir esta obligación.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), apenas 22.636 personas inmigrantes extracomunitarios con derecho a voto se han inscrito en el censo electoral para las elecciones municipales en todo el país. Especialmente sangrante es el caso de la provincia de Málaga: ¡Solamente 534 personas se han inscrito! Los datos por localidades no pueden estar más distanciados de la realidad: 141 personas en Málaga capital, 99 en Marbella, 38 en Fuengirola, cinco en Antequera€

Y eso que el propio Instituto Nacional de Estadística estimaba que en España había 342.647 personas inmigrantes que podían ejercer su derecho a voto y 7.372 en la provincia de Málaga. Es decir, que apenas el 6 por ciento de las personas inmigrantes que tenían reconocido el derecho a participar en las próximas elecciones locales lo van a poder hacer finalmente; el 7 por ciento si nos referimos a la provincia de Málaga.

Creemos que el modelo basado en acuerdos de reciprocidad no funciona. Y seguimos reclamando el derecho a participar políticamente -a votar y ser votado- para las personas inmigrantes que viven aquí en línea a la campaña «Aquí vivo, Aqui voto», tan vigente como cuando se lanzó en 2009. Ni el Gobierno central, ni las administraciones locales ni, tampoco, los partidos políticos, se han preocupado -cuando no obstaculizado- de que nuestros vecinos de origen inmigrante puedan ejercer el derecho que, legalmente, tienen reconocido. Un desinterés que también coincide con las dificultades, denunciadas por numerosos colectivos sociales, para que las personas españolas que han emigrado al exterior puedan ejercer su derecho al voto. Nos queda claro que el interés se centra en la menor participación política de la ciudadanía, en especial de aquella que está en riesgo de exclusión.

Porque, sí, el voto es un ejercicio de lucha contra la exclusión y la fractura social. Es una exigencia de justicia social, como contraprestación al hecho de que todas las personas están sujetas a las mismas normas de convivencia y deberes legales o tributarios. Y es que no existe una democracia plena sin un sufragio universal real, que incluya a todos los miembros de la comunidad. Sean personas de origen extranjero que viven en España o españoles que viven en el extranjero.

*Alejandro Cortina es director de Málaga Acoge