Andaba yo la semana pasada riéndome un rato, aunque con amargura, del intento de reforma de la Ley Enjuiciamiento Civil que, entre cosas, se ha vendido como una modificación que acabará con el papel en los juzgados. Sí, han leído bien. Se acabó eso de llevarse una sentencia de 150 folios al despacho o a casa. Ésa es la intención, claro. Lo más hilarante es la fecha: todo eso ha de suceder así el 1 de enero de 2016. El fondo es que en apenas unos meses las comunicaciones entre los órganos judiciales y los abogados y procuradores se hagan estrictamente por vías telemáticas. ¡Ja! ¿Alguien se lo cree? ¿En apenas seis meses largos, sin contar agosto, el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y todo el que tiene competencias con algo que decir en este patio de Monipodio que es la justicia tendrán que habilitar los medios para que el papel desaparezca para siempre de la faz de los juzgados? Siéntense a esperar. Primero habrá que crear las comisiones de la subcomisión y luego, tras años de trabajo, determinarán que para notificar las sentencias, los autos, las providencias, las admisiones a trámite, etcétera... hacen falta ordenadores; luego se pelearán por quién ha de pagarlos y cuántos son necesarios; más tarde se adjudicará la historia a la empresa que más barato lo haga o a la del más amigo, como en Aznalcóllar, y, finalmente, habrá unas cuantas notificaciones digitales, posiblemente en el año 2040, después de que el sistema informático salte por los aires quinientas mil veces cada día. Miren: este es otro brindis al sol que, en un principio, sólo ocurrirá en la jurisdicción civil. ¿Qué pasa con el resto? En Penal, Contencioso-Administrativo, Social las cosas, por lo visto, van a hacerse a la antigua usanza. El ministro Rafael Catalá ya ha prometido que todo va a ocurrir como marca la hoja de ruta, esa reforma legal aprobada esta semana pasada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Tal vez habría que preguntarse por qué no se hizo antes, cuando Hacienda lleva años hiperinformatizada para sacarle el dinero a las clases medias y bajas con el fin de que los de siempre se peguen la vida padre mientras usted los mantiene. ¿Por qué no se invierte todos los años una cantidad razonable y prudente para mejorar la informatización de los juzgados? ¿Es que es tan difícil ponerse un horizonte de cinco años para que todo se haga por internet? ¿Acaso no urge también establecer una lista de prioridades sobre qué es más importante hacer en Justicia: crear juzgados, impulsar por fin la oficina judicial y reorganizar el trabajo, además de darle un arreglo a algunos partidos judiciales que bien lo necesitan? En fin, lo de siempre. Elija usted el calificativo.
