Este mes se han cumplido cuatro años desde que se publicó la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 14/?2011), fruto del consenso entre el PSOE y el PP, lo que garantizaba su pervivencia y aplicación frente a eventuales cambios de gobierno. La ley incluía, entre otras medidas, la creación de la Agencia Estatal de Investigación, para dotar de flexibilidad y agilidad a la actividad científica y optimizar la gestión de los fondos públicos y el desarrollo de una carrera científica basada en la evaluación periódica del trabajo de los investigadores. Ambas medidas tenían plazo para su puesta en marcha: diciembre de 2012, para crear la agencia, y enero de 2014, para establecer con carácter general un sistema de evaluación del desempeño similar al que impera en las universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde hace 25 años.
La Agencia aún está pendiente de crear, más de dos años después de expirado el plazo. La reorganización y unificación de la carrera investigadora implicaba aprobar una disposición antes del 1-?1-?2014, para asimilar a un reducido colectivo de científicos (unos 500) al sistema de evaluación por el que se rigen los profesores universitarios y científicos del CSIC (unos 50.000, en total). A principios de 2015 existía ya un borrador de Real Decreto para regular esta aparentemente sencilla cuestión. Pero llegó Montoro y lo paró todo, aduciendo que la integración de este colectivo podría incrementar los costes del componente asociado a evaluaciones científicas positivas del colectivo científico-?docente hasta en un ¡1%! Así pues, en este boyante 2015 de la post-?crisis, y mientras se muestra dispuesto a resarcir de ajustes pasados, el ministro Montoro inaplica una Ley para ahorrar en el chocolate del loro. Menos mal que existen normas, plazos y consensos.
