Me toca las narices la Ley Mordaza. No puedo con ella. Me agrede como ciudadano y como periodista que se multe a alguien por tratar de impedir un desahucio, que se impida la protesta junto al Congreso o al Senado o que no se pueda grabar a la policía, precisamente, para asegurar que no se cometen abusos -esto se ha matizado en la norma-. Que no suele haberlos, pero a veces sí que ocurren. Toda la oposición ha contestado la norma. De diez. Lo que no parece tan normal es la que se ha montado con uno de los puntos de la reforma del Código Penal: la prisión permanente revisable. Dicen algunos políticos que hay que mirar a la política penitenciaria de los países de la Europa nórdica, que una persona no se puede pasar toda la vida entre rejas, que la inserción social, cúspide y guía de la política carcelaria estatal, sufre con este texto. Y resulta que la oposición está contra lo que consideran una cadena perpetua encubierta. Hagamos un poco de demagogia: ¿El sentir social va en contra de que un asesino sanguinario, como por ejemplo ese niñato llamado Miguel Carcaño, pase muchos años en la cárcel? ¿Acaso no han escuchado sus señorías al padre de Marta del Castillo, a su familia, o a sus amigos clamar justicia? ¿Están ustedes en contra de que el asesino de la niña Mari Luz pase muchos años entre rejas? ¿Se puede reinsertar a tipos así, del estilo de José Bretón?

La prisión permanente revisable es, precisamente, una de las demandas sociales más clamorosas que se han escuchado en los últimos años, un arma, excepcional desde luego, para proteger a la sociedad contra individuos capaces de asesinar vilmente a los seres más indefensos. La inserción social está muy bien, pero quien asesina, siguiendo una serie de parámetros, debe tener más difícil la reinserción. Ganársela a pulso. La pena sólo se aplica a los delitos más graves, es decir, homicidios de terrorismo, los cometidos contra el Rey, genocidios, crímenes de lesa humanidad con homicidio y asesinatos agravados cuando la víctima sea menor de 16 años o si la persona es especialmente vulnerable. Como mínimo habrá que estar entre 25 y 35 años de cárcel y luego se examinará el caso en cuestión.

Si en algo está de acuerdo la sociedad española es precisamente en endurecer este tipo de penas. Al igual que hay otra pretensión evidente: endurecer el castigo para los delitos más graves en la Ley de Represión Penal del Menor. ¿Se acuerdan de la lucha incansable de la madre de Sandra Palo? Es políticamente incorrecto lo que digo, lo tengo claro, pero peor es vivir en una país que confunde la idílica reinserción de los presos con la mano blanda. También hemos de pensar en el castigo. A ver si nos aclaramos.