Juzgado de guardia

Una solución que se queda corta

13.07.2015 | 05:00

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada la semana pasada en un pleno del Congreso de los Diputados, contempla cincuenta medidas para hacer más ágil y rápida la justicia y, entre ellas, hay una que tiene una gran carga de profundidad: los propietarios que compraron de buena fe casas en la provincia durante los años del boom serán indemnizados antes de que un juez ordene la demolición de su vivienda. Como ustedes saben, en Málaga hay en torno a 30.000 casas en suelo no urbanizable, 15.000 de ellas en la Axarquía. Muchos de los compradores son extranjeros, fundamentalmente ingleses, alemanes y nórdicos, que decidieron pasar sus últimos años en la Costa del Sol o en los pueblos blancos del interior y, para ello, entregaron una suma alta de dinero a un intermediario o a una inmobiliaria con el fin de hacerse con la casa de sus sueños. No hay nada más humano que querer pasar el último tramo de vida viendo atardecer en la Axarquía. Pero hete aquí que muchos de esos intermediarios que prometían el paraíso axárquico o de esas inmobiliarias que lo vendían todo resuelto engañaron a los compradores. No a todos, pero sí a muchos de ellos. Y éstos se vieron, de repente, en un país cuya lengua y legislación no conocían, con una casa en suelo no urbanizable y con los grupos ecologistas pidiendo que les tiraran sus moradas. El torbellino del ladrillo también los envolvió a ellos. Durante muchos años, los compradores de buena fe fueron satanizados en Marbella, hasta que el nuevo PGOU engulló buena parte de las ilegalidades. En la Axarquía no se les ha anatematizado tanto, pero ellos, comprendiendo que si no se unían no iban a lograr nada, crearon SOHA, una asociación que defendía la regularización de sus viviendas. Por eso, la modificación legal es un pasito en la buena dirección, pero tal vez la solución más importante esté sujeta a un pacto de Estado, por arriba, que resuelva este desaguisado de una vez: ¿De verdad la solución es tirar millones de casas en el país? ¿No sería más fácil derribar sólo las que infringen de forma más grosera la legalidad urbanística; aquellas cuyos propietarios no lo fueron de buena fe? Eso reduce la historia a varios miles. Para el resto, amnistía. Seguridad jurídica. Ni yo mismo veo bien que esas casas sigan en pie, porque son el símbolo de la droga del cemento y la argamasa que a todos nos cegó desde finales de los noventa, pero esto no puede arreglarse a cañonazos, perjudicando, por segunda vez, a gente que ya fue engañada en su día, cuando soñaba con un retiro dorado en una tierra que los ha maltratado, como maltrata a sus propios hijos, con su maraña ininteligible de normas que sólo sirven, ay Dios, para proteger a los poderosos.

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