A veces nos enfrentamos a situaciones que a priori pueden parecer imposibles de transformar. Aún más cuando hablamos de la administración, con todas esas leyes injustas que, tanto los particulares como los jueces, nos vemos obligados a acatar. Por eso, a veces, es necesario el esfuerzo, dedicación y sobre todo entusiasmo para que, al menos, la legitimidad de esas injustas leyes se pongan en duda.

En Málaga Acoge siempre hemos tenido muy claro que uno de nuestros objetivos es el de transformar la realidad social. Y no cejamos en nuestro empeño. Así, hace ya 6 años que desde el equipo jurídico de Málaga Acoge nos enfrentamos a uno de estos casos en los que leyes, injustas, no permitían si quiera valorar la situación de una familia. Es el caso de dos menores de edad, ciudadanos de la Unión Europea -él español y ella polaca-, a cuyo padre las autoridades española le niegan concederle un permiso de trabajo y residencia por el mero hecho de tener antecedentes penales. Y sin entrar a valorar las circunstancias concretas del caso: Por ejemplo, que la madre le había abandonado y los niños estaban en exclusiva bajo la guarda y custodia del padre, que según un informe de servicios sociales municipales cuidaba de ellos «muy bien», dejando a estos niños en riesgo de exclusión social.

Esta situación tan injusta nos llevó a comenzar un periplo del que todavía no ha acabado. En todo momento recurrimos a la legislación de la Unión Europea, que en casos similares sí ha accedido a conceder permiso de residencia y trabajo a los padres de menores ciudadanos de la Unión. Así, solicitábamos que, en los supuestos en los que existan antecedentes penales se haga, al menos, una valoración concreta del caso y no se deniegue automáticamente el permiso de residencia. Y, aunque la Dirección General de Migraciones y la Audiencia Nacional no nos dieron la razón, nuestro tesón hizo que el propio Tribunal Supremo español dude si la legislación española es contraria o no al Derecho europeo y remitió sus razonables dudas a la Unión Europea.

Hace unos días estuvimos en Luxemburgo, ante 15 magistrados en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Allí desarrollamos nuestra argumentación y contamos con el apoyo de la mayoría de países europeos. Sí, una pequeña ONG del sur de España ha promovido un caso que, en caso de salir favorable como esperamos, puede modificar el derecho en todos los países miembros de la Unión Europea. Un ejemplo de que las utopías pueden cumplirse, de que las personas son más importantes que las leyes y que, con esfuerzo, podemos hacer del mundo un sitio mejor. Es posible cambiar las cosas. Hasta las injustas.

*Arantxa Triguero es abogada y vicepresidenta de Málaga Acoge