Las dos alcaldesas principales de la oleada populista empiezan a distanciarse. Las diferencias se describen en las áreas de juego declarativa y/o ejecutiva. El hecho hasta ahora más relevante de Ada Colau es la retirada de un busto del rey Juan Carlos I de la sala de plenos del ayuntamiento barcelonés y el propósito de someter a las bases la pertinencia de reemplazarlo, o no, por una imagen del rey Felipe VI. Superado el desliz de la web desmentidora de informaciones periodísticas, Manuela Carmena ha invalidado el «lanzamiento» (desahucio) de los inquilinos de dos mil pisos de propiedad municipal madrileña que la corporación anterior se proponía vender a fondos-buitres. Hay un abismo cualitativo entre ambas decisiones. La primera es «postureo» sin efectos en la mejora de las condiciones de vida, mientras que la segunda traduce una auténtica política social.

A mayor abundamiento, anuncia Carmena que no está en sus planes retirar del consistorio de la capital española ninguno de los símbolos relativos a la jefatura del estado, constitucionalmente monárquica. Una cosa son los sentimientos republicanos y otra muy distinta la vulneración de la ley básica y su desarrollo en las reglas de obligado cumplimiento que conforman el sistema. Lo impresentable es pretender la cantonalización de esas reglas por incumplimientos locales y unilaterales de lo que es un deber para todos. Estas actitudes son claramente antisistema. La ambigüedad de Colau en la adhesion o el rechazo del secesionismo catalán entraña, por otra parte, una intención oportunista que abunda en el falso derecho a la fracción cantonal del tandem Mas-Junqueras. La Constitución es la que es. Incumplirla a las bravas constituye delito, mientras que cambiarla -porque nada es eterno- requiere un esfuerrzo poltico y un refrendo tan amplio -casi unánime en Cataluña- como el que apoyó la promulgación de 1978.

Las legitimidades no nacen ni dependen de la voluntad de una de las partes. Politizar un estadio de fútbol con una pitada al himno español, inducida y prefabricada, tiene muy poco que ver con la libertad de expresión, y ya va siendo hora de no chotear los conceptos en que descansan las democracias. Las sanciones impuestas no solo son justas: también son necesarias, diga lo que quiera el aludido tandem, porque ciscarse en un símbolo constitucional en el área del deporte conlleva un propósito antisistema que degrada especialmente al propio deporte. Nadie puede tomarse en serio las condiciones pacíficas e incluso afectuosas alegadas para el «desenganche» catalán y la culminacion de la indepedencia, con el precedente de estas agresiones fomentadas desde los niveles institucionales. Los gestos ofensivos son gratuitos cuando los hechos esenciales brillan por su ausencia.