El espíritu y las leyes

El sectarismo y dos males más

Por respeto a la importancia histórica de su fecundo reinado y a la imagen de sobriedad que quiere transmitir la Corona, ¿no podría este hombre retirarse al monasterio de Yuste, imitando a su antepasado el emperador Carlos V?

02.08.2015 | 05:00
Dos operarios del ayuntamiento de Barcelona retiran el busto de Juan Carlos I.

Las recientes elecciones locales y autonómicas nos han metido en el túnel del tiempo y nos han devuelto a la atmósfera sectaria de la II República. El régimen republicano fracasó ya desde el principio, desde la Constitución misma, porque hizo del sectarismo el eje vertebrador de la política. Cuando los «propietarios» del invento perdieron las elecciones acudieron a la vía insurreccional, y cuando las volvieron a ganar se encontraron al poco con la rebelión de los excluidos. Nadie entendía más España que la suya. La Transición tomó buena nota de la desgraciada experiencia republicana y apostó por el consenso: Monarquía parlamentaria, Constitución integradora y Estado democrático de Derecho. El modelo funcionó aceptablemente bien (incluso exitosamente en muchos campos) hasta que llegó la Gran Recesión, que ha exacerbado el nacionalismo y propiciado el populismo, al tiempo que evidenciaba el tinglado caciquil de los grandes partidos (PSOE, PP, CiU y PNV).

Ciertamente, nuestro Estado de partidos  degeneró muy pronto en partitocracia, al colonizar las principales fuerzas políticas las instituciones de garantía, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. Con ello se ha acabado por poner en riesgo el propio Estado de Derecho.

Los nuevos inquilinos de los gobiernos consistoriales y de las asambleas autonómicas –podemos, somos, ganemos, mareamos, etc.–  empiezan a dar muestras del incivil sectarismo de antaño. Confundir el consenso con la traición a los ideales es propio de gente políticamente muy primaria, incapaz de comprender que el pluralismo resulta coesencial a la democracia. Más aún: no se han enterado de que nuestro sistema democrático contiene mecanismos contramayoritarios y antijacobinos, que exigen el respeto de las minorías y de los derechos fundamentales de todos. Hay quienes creen que los otros forman una casta de corruptos o integran un pueblo de borregos, evidenciando así una simpleza de adolescentes aquejados de acné ideológico. A su vez, tachar a la Transición de contubernio acredita ignorancia histórica e incapacidad para el análisis político.

Esta visión sesgada de la democracia por parte  de los recién llegados se advierte, entre otras, en dos prácticas que conviene señalar. En primer lugar, despreciar, cuando se ejerce el poder público, el valor cultural de las tradiciones religiosas y juzgar la presencia institucional en sus manifestaciones  incompatible con la aconfesionalidad del Estado, significa desconocer el carácter democrático del pluralismo. En la República norteamericana, donde, a diferencia de España, la separación constitucional entre las confesiones religiosas y el Estado es absoluta, los propios gobernantes acostumbran a exhibir sin complejos su fe, incluso en la toma de posesión del presidente, que jura su cargo sobre la Biblia. Al alcalde de Nueva York no se le ocurriría dejar de asistir a la celebración de la festividad de San Patricio, patrón de la comunidad católica irlandesa, o no participar en las conmemoraciones de las comunidades  italiana y judía. Allí todas las formas de la rica variedad social  son respetadas, no excluidas por contaminantes de una supuesta pureza ilustrada. De igual modo, tomar parte en la celebración del día del Orgullo Gay y permitir que en un edificio oficial ondee la bandera del arco iris es una muestra de respeto y solidaridad con quienes tantas persecuciones han padecido. En suma, el pueblo es plural y sus representantes han de reflejar esa pluralidad. Sólo los totalitarios quieren un «demos» unánime y sin fisuras.

Por lo mismo, retirar con gran aparato mediático el busto del rey Juan Carlos del salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona entraña
desprecio hacia las ideas políticas ajenas, además de ingratitud frente a quien promovió la restauración de las libertades que ahora benefician a los iconoclastas ocupantes del poder municipal. Aducen éstos que el rey emérito ya no es el Jefe del Estado y que se deben  republicanizar efigies, monumentos y callejero urbano para compensar tanto monarquismo como hay en las vías y plazas de la capital catalana. ¿Habrá que temer, pues, que Jaime I El Conquistador o Pedro IV El Ceremonioso sean destronados post-mortem? No, claro, esos son de «los suyos», de Ada Colau  (Barcelona en Comú)  y de Alfred Bosch (ERC). ¡Pobre alcaldesa! Empezó luchando contra los desahucios en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un empeño muy noble, y, tras descabezar a los Borbones,  acabará por rendir culto a Wifredo el Velloso. Cosas del fetichismo político de las almas sectarias.

 Me refiero a continuación, con idéntico ánimo de censura, a otros dos asuntos. El Tribunal Constitucional, mediante sentencia del pasado 25 de junio, reconoció el derecho a la objeción de conciencia, vinculado al derecho fundamental a la libertad ideológica, de un farmacéutico sevillano que se niega a dispensar la llamada píldora del día después. Según el Tribunal, ese derecho no ampara, en cambio, la negativa del mismo profesional a vender preservativos. En el primer caso cabe la objeción lícita porque, a criterio del TC,  falta unanimidad científica sobre los posibles efectos abortivos de la píldora postcoital, de manera que hay que extender a los boticarios el derecho que en su día se reconoció a los médicos en los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo. Conclusión verdaderamente asombrosa y hasta idiota. Primero, porque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, adscrita al Ministerio de Sanidad, considera a la píldora en cuestión como «medicamento anticonceptivo de emergencia». Obviamente, si es anticonceptivo no puede ser abortivo. Y segundo, porque reconocer a los ciudadanos un derecho a la objeción de conciencia que la Constitución sólo contempla  en relación con el servicio militar es abrir la puerta a todas las formas de desobediencia civil. Baste pensar en una posible objeción tributaria si el Estado destina recursos a fines contrarios a las convicciones del contribuyente objetor. Además, ¿quién demonios es un  pudibundo y pacato farmacéutico para limitar el derecho a la salud –expresamente reconocido por la Ley Fundamental– de la usuaria de un servicio público?

 Finalmente, la prensa da cuenta de la regalada existencia de aquel que, entre 1975 y 2014, fue rey de España,  hoy siempre entre lujosos viajes y excelsos restaurantes. Por respeto a la importancia histórica de su fecundo reinado y a la imagen de sobriedad que actualmente quiere transmitir la Corona, así como en consideración a las estrecheces económicas que sufren sus compatriotas, ¿no podría este hombre retirarse al monasterio de  Yuste, imitando a su antepasado el emperador Carlos V?

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