Matar al mensajero y atacar al pequeño sin atreverse en cambio con el grande. Esto es lo que intentó el fiscal general alemán Harald Range al investigar a dos periodistas por sospechas nada menos que de "alta traición".
El supuesto delito de los periodistas: haber publicado en su blog de internet Netzpolitik.org unos planes de la Oficina Federal de Protección de la Constitución para el supuesto control masivo de contenidos y listas de contactos en redes sociales como Facebook.
Inmediatamente, los medios germanos se acordaron de la última vez que se acusó de alta traición a unos periodistas. Fue en 1962 y tuvo como blanco el semanario Der Spiegel, que a raíz de unas maniobras de la OTAN había publicado un reportaje en el que se expresaban dudas sobre el estado de preparación del Ejército alemán para el caso de una guerra con la Unión Soviética.
La iniciativa partió del entonces ministro de Defensa, el cristiano-social bávaro Franz-Josef Strauss, quien llegó a telefonear al agregado alemán militar en la embajada alemana en Madrid para que consiguiera la detención en España del autor del reportaje, que estaba aquí de vacaciones.
Fue un escándalo político mayúsculo, que resultó en el encarcelamiento de varios periodistas, entre ellos el director del semanario y el autor del reportaje, y acabó con la destitución de Strauss, cuya cabeza habían pedido al canciller cristianodemócrata Konrad Adenauer los ministros del socio minoritario, el Partido Liberal, por haber mentido al Parlamento.
En esta ocasión, la cosa no ha llegado a tanto - la historia se repite como farsa, según dejó dicho Carlos Marx-, pero la presión de varios medios influyentes del país, entre ellos el propio Der Spiegel y Die Zeit, que acusaron al Gobierno de atentar contra la libertad de prensa, ha tenido como consecuencia el cese del fiscal general por haberse excedido al lanzar una acusación tan grave como injustificada contra los dos blogueros.
La prensa germana ha aprovechado lo ocurrido para criticar al Gobierno de Angela Merkel de atreverse con los pequeños mientras que no ha hecho nada, por no enturbiar sus relaciones con Estados Unidos, después de que se revelase el espionaje al que los servicios secretos de la superpotencia han sometido tanto al Gobierno de Berlín como a empresas de ese país.
En sus editoriales, los periódicos critican además el que se trate de intimidar a los periodistas o se los persiga judicialmente en lugar de tratar de encontrar a quienes desde el propio Gobierno o desde el Parlamento filtran a la prensa documentos o informaciones confidenciales. Si habría que perseguir a alguien, argumentan, sería a estos últimos, pero no a los reporteros, que se limitan a cumplir su deber de información y control si consideran que el material obtenido es de interés público.
Como ha señalado el presidente de la Asociación Alemana de Abogados, Ulrich Schellenberg, "los riesgos para el ejercicio de la labor periodística están aumentando claramente", pues mientras "el Gobierno amplía de forma masiva sus medidas de control (de los ciudadanos), trata a la vez de proteger cada vez más sus propios secretos".
Según sospechan muchos, el Gobierno busca responsabilidades no sólo entre los periodistas, sino también entre los diputados de la propia comisión de secretos oficiales del Parlamento, algunos de los cuales denuncian que existen tensiones con los responsables de los servicios de información y creen que éstos han tratado de tenderles alguna trampa para ponerlos en evidencia.
Mientras tanto, el Gobierno trata de dificultar la labor de los eventuales denunciantes con un nuevo proyecto de ley que permitirá conservar durante un tiempo indeterminado los datos de las telecomunicaciones de las personas con acceso a los secretos oficiales, lo cual afectará también a los periodistas.
