La crisis humanitaria derivada de la guerra de Siria -pero no sólo de ese conflicto-, la huida masiva de millones de personas y su llegada a las fronteras europeas están provocando cientos de muertes de personas inocentes. La sociedad europea vive escandalizada una situación de desamparo de familias privadas de toda esperanza, ante lo cual la Unión Europea sólo parece ofrecer su tristemente habitual reacción basada en la lenta pasividad diplomática.
Las políticas de inmigración y asilo suelen estar definidas por cada país en función de sus necesidades laborales y de su propio estándar de respeto a los derechos humanos. Las políticas migratorias han estado asignadas a las necesidades del mercado de trabajo. Así, en Alemania es habitual que haya puertas abiertas tanto a trabajadores muy cualificados como a personal de la escala básica laboral, casi sin términos medios. En España, el boom económico pudo sostenerse sin un aumento brutal de los salarios y de la inflación -en un clásico esquema de oferta y demanda- gracias a la llegada de tres millones de trabajadores inmigrantes, que encontraron acomodo en sectores productivos en los que resultaba cada vez más difícil contratar a personal español -agricultura, servicios de baja cualificación-. Cuando terminó la bonanza económica volvieron las restricciones, y además el propio mercado de trabajo se encargó de hacer volver a varios cientos de miles de estos trabajadores migrantes a sus países de origen.
Lo malo de la situación actual es que resulta muy evidente que no hay una definición común en Europa de varias políticas públicas vitales para su futuro. La dejación en la guerra de Siria responde a intereses encontrados de Francia y Gran Bretaña, lo que ha impedido la formulación efectiva de una política exterior común. La llegada a las fronteras de Hungría y Bulgaria y a las costas italianas de miles de refugiados que ya no tienen otro sitio al que ir -saturados los países vecinos como Turquía o el Líbano- ha puesto encima de la mesa la necesidad de acordar una política común de asilo con la correspondiente dotación de dinero público y la asignación de obligaciones por países, en forma de contingentes a acoger. Las crisis de este tipo suelen ser transitorias pero por mucho que se haga en Siria y en otros países del norte de África la recuperación se va a hacer esperar. Y mientras tanto hay que tratar de proporcionar a varios centenares de miles de personas un mínimo vital imprescindible.
En España la política de asilo está encomendada al Ministerio del Interior, competente también en políticas migratorias. Durante la presente legislatura se produjo un cambio de enfoque y la inmigración pasó a tratarse como una cuestión de seguridad, no laboral. Es una opción legítima en la definición de una política pública, aunque no se comparta. Lo que parece más discutible es que España rechace el llamamiento europeo para acordar una política de asilo común. La Defensora del Pueblo acaba de exhortar al Gobierno de España a que se sume a la propuesta liderada por Francia y Alemania. Mientras tanto, miles de personas sufren y mueren abandonadas a su suerte. Y todo ello con un único y claro ganador: la mafia internacional de traficantes de personas. Siempre hay alguien que sale ganando.
