Un verano negro con varios asesinatos terroríficos ha vuelto a poner encima de la mesa lo que debería ser una cuestión de Estado: la lucha contra la violencia de género. En lo que llevamos de 2015 ya han sido asesinadas 26 mujeres por sus parejas o exparejas, una cifra intolerable que no cuenta los intentos fallidos y a la que hay que sumar, muy desgraciadamente, a varios niños y niñas pequeños. Ayer mismo en Vigo se produjo el último caso, con los celos como único móvil del crimen.

Las políticas públicas relacionadas con la violencia de género se articulan en torno a dos grandes parámetros: la prevención y la sensibilización. Su objetivo es el de prevenir y tratar de erradicar la violencia y el maltrato, y también proteger a las posibles víctimas y asistir a quienes sufren o han sufrido este tipo de violencia. La sensibilización persigue reducir el riesgo a través de la educación y de la consideración social de las relaciones entre hombres y mujeres desde una perspectiva de igualdad, y no de superioridad por razón de género.

La sensibilización sigue siendo muy importante, siempre lo es. Las encuestas realizadas entre la juventud española muestran un implacable ascenso del machismo, correlacionado con la emancipación de las mujeres, que aprovechan mejor sus estudios, se forman más y están accediendo de manera masiva al mercado de trabajo, si bien en condiciones de precariedad laboral y desigualdad salarial. Las relaciones entre hombres y mujeres han cambiado pero muchos varones aún no lo han comprendido y aceptado. Las redes sociales y determinados medios de comunicación tampoco ayudan a la consecución del objetivo de reducir y evitar situaciones estructurales de violencia latente.

Respecto a la prevención, diversos estudios han detectado que en España el presupuesto destinado a estas políticas se ha reducido casi un 26% desde el año 2010. Las estadísticas de víctimas no mienten, así que no hay motivos para justificar este descenso. Sólo la austeridad imperante. El cuestionamiento partidista del uso o abuso de las herramientas que proporciona la legislación vigente -como esa extendida leyenda urbana relacionada con las denuncias falsas- no se corresponde con los datos oficiales (la Memoria de la Fiscalía del Estado) y hace un flaco favor a la causa de la violencia contra las mujeres. No se debería jugar con un asunto tan sensible.

El último Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género data del período 2008-2009. La crisis se llevó por delante el Instituto de la Mujer a finales de 2010, siendo presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero. En pocos años se ha pasado de destinar a estas políticas 34 millones de euros (2010) a presupuestar 25 millones para el año 2016. Y siguen los asesinatos, las agresiones, y la plaga de maltrato físico y psicológico, sin distinción territorial, etaria o por estrato social.

Las recientes propuestas de Pactos de Estado inciden en el uso de medidas judiciales y punitivas, y por supuesto en la sensibilización. Sin embargo la puesta en escena de actos de reivindicación o de repulsa de la violencia machista sigue adoleciendo de la presencia de hombres. De esta manera, una cuestión que afecta a toda la sociedad se sigue arrinconando como un tema exclusivamente femenino, y por lo tanto secundario. La escritora nigeriana afincada en los Estados Unidos Chimamanda Ngozi Adichie acaba de publicar el texto de su Ted Talk titulada «Todos deberíamos ser feministas». En él afirma que «es feminista todo aquel hombre o mujer que dice: ´Sí, hay un problema con la situación de género hoy en día y tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorar las cosas´. Y tenemos que mejorarlas entre todos, hombres y mujeres». Una política eficaz debe ser inclusiva. Y la igualdad de género es también, por supuesto, cosa de hombres.