Juzgado de guardia

Escuchen a los jueces

21.09.2015 | 05:00

La Justicia siempre ha sido la cenicienta de los servicios públicos. Educación y Sanidad han sido los pilares del Estado de Derecho, a pesar de la última etapa, la más oscura de nuestra democracia, en la que se han convertido en las paganas de los derroches de nuestros políticos con cargo a la pólvora del rey. Sin embargo, como bien sostienen jueces y fiscales, una Justicia ágil y eficaz no sólo genera un Estado de Derecho fuerte, y a la altura de los retos del siglo XXI, sino que contribuye al buen tráfico económico y a desapalancar cientos de millones de euros que están en el aire pendientes de que el juez de turno tenga tiempo para decidir sobre un determinado asunto. ¿Cuánto dinero puede haber retenido en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, el más colapsado de España? Pues no lo sé con certeza, porque es difícil de calcular, pero mucho. A ello hay que añadir que la seguridad jurídica es básica para aumentar la confianza de los inversores. Pero parece que no interesa. Una vieja reflexión jurídica viene a incidir en que la Justicia, si llega mucho tiempo después de acaecido un determinado hecho, ya no es Justicia. ¿Puede soportar este país mucho tiempo más con un servicio público tan deteriorado por la falta endémica de medios y por los tejemanejes de los políticos en su órgano de gobierno? Parece que no. Siempre me pregunto cómo es posible que Hacienda sepa todos nuestros datos fiscales y esté reclamando ahora cantidades irrisorias a los sufridos ciudadanos y un juzgado no tenga los medios para poder informarse de si la oficina de al lado ha puesto en busca y captura a un imputado. La primera reforma judicial, antes de plantearse el sistema, ha de venir de la mano de las nuevas tecnologías. Ya dije aquí la semana pasada que el hecho de que el Gobierno prometa que el papel se acabará en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 es, mal que nos pese, un brindis al sol. Sólo hay que darse una vuelta por cualquier oficina para comprobar cómo está el paño y dirigir la vista al Constitucional para determinar lo que entiende el Poder Ejecutivo que ha de ser un tribunal –aunque no sea la cúspide del sistema judicial español, honor que corresponde al Supremo– y ustedes mismos podrán explicarse muchas cosas de lo que suceden en este patio de Monipodio que se llama, por ahora, España. En un terreno más prosaico, una equivalencia podría ser la salvajada del toro de Tordesillas, un rasgo diferencial de nuestro país como el hecho de no invertir en Justicia o meter la mano en la caja en cuanto se tiene algo de poder. El sistema sólo lo soportan ya jueces con agallas, fiscales con ganas de investigar y abogados puntillosos con la ley. Escúchenles a ellos.

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