En una sociedad que considera los animales como cosas no como seres sintientes y reivindica la dignidad y la justicia sólo para las personas, no es extraño que exista una larga lista de formas de maltrato animal, a cada cual más cruel. Para dar voz a los animales, se concentraron pidiendo la prohibición total del tiro de pichón, el pasado domingo 4 de octubre, día mundial de los animales, diversos colectivos animalistas y ecologistas, frente al campo de tiro de Jarapalo en Alhaurín de la Torre.

Lo más sorprendente de este caso de maltrato animal es que esta actividad sea considerada una modalidad deportiva. Alucino. No sé cómo se puede atribuir la calificación de deporte a una práctica que produce sufrimiento y muerte a un animal y que la mayoría de sus practicantes la considera una simple diversión, ya que con ella se la está equiparando a deportes nobles como el ajedrez o el atletismo. He descubierto también que existe una Real Federación de Tiro al Vuelo (o sea de tiro al pichón). Toma ya. Si, usted lector, busca en internet esta cruel práctica tecleando tiro al pichón, encontrará multitud de enlaces a otras cosas no relacionadas con ella. La puede encontrar, sin embargo, camuflada bajo el eufemismo de tiro al vuelo. Si es tan noble esta actividad, ¿por qué tanto camuflaje?

¿En qué consiste esta mal llamada modalidad deportiva? En el lanzamiento a mano o a máquina de palomas o codornices para su disparo con escopetas en campos de tiro. Estos animales son criados enjaulados en granjas cinegéticas y terminan sus días a perdigonazos o desangrados tras una larga agonía en el suelo como consecuencia de los disparos. Se celebran campeonatos privados, locales, comarcales, provinciales, autonómicos y un campeonato estatal. En España se abaten con esta práctica cada año en tiradas puntuales 250.000 palomas y 200.000 codornices, aproximadamente, sin que estén contabilizados en estas cifras los entrenamientos y las tiradas sociales. Existiendo la modalidad deportiva como es el tiro al plato, resulta incomprensible que se siga justificando y protegiendo esta práctica cruel que conlleva la muerte de miles de palomas cada fin de semana. Un dato económico: el precio medio por pichón oscila entre los cuatro y los ochos euros, en tanto que el precio medio de un plato es de diez céntimos.

El amparo legal que encuentra esta actividad en la Ley 11/2003 de Protección de los Animales de Andalucía resulta deficiente, además de por las razones antes apuntadas, en primer lugar por una cuestión de técnica legal, ya que la Junta de Andalucía con su tolerancia vulnera el más elemental principio que regula la sucesión entre leyes: ley posterior deroga ley anterior. Me explico. La Ley de 2003 establece una prohibición general de utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones y otra específica que prohíbe las competiciones de tiro de pichón. A continuación, sin embargo, excluye de dicha prohibición las competiciones de tiro al pichón debidamente autorizadas por la Consejería competente en materia de deporte y bajo el control de la respectiva federación. Viva la coherencia del legislador. El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, sin embargo, establece un mandato a los poderes públicos: el de velar por la protección de los animales. Es decir, eleva al más alto nivel legal en nuestra comunidad autónoma la prohibición genérica de maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o daños injustificados, que contiene la Ley de 2003. Debe entenderse, por tanto, que el mandato de protección de los animales que contiene el Estatuto de Autonomía deroga la excepción que contenía la Ley de 2003, ya que en dicho mandato no se contemplan excepciones, además de estar contenido en una ley posterior, cuya aprobación automáticamente dejó derogadas las normas contenidas en leyes anteriores que contradecían la nueva regulación estatutaria. Pero hay también una razón política para sostener la desaparición de la excepción de prohibición del tiro de pichón, pues la inclusión del mandato de protección de los animales en el Estatuto de Autonomía obedece a un deseo del legislador de incrementar la protección que ya gozaban en la Ley de 2003 y a que dicha inclusión fue consecuencia del pacto de gobierno del PSOE con los ecologistas, que fueron quienes incluyeron en el Estatuto tal mandato de protección. Por tanto, la Administración hace con ello dejación de sus funciones al amparar con su pasividad el tiro al pichón.

Pero si todas estas razones no resultaran suficientes y se invocara equívocamente como razón la tradición, contestaré utilizando las palabras de Manuel Azaña: no todo lo español merece conservarse por el mero hecho de existir, sólo debe subsistir lo español compatible con las categorías universales humanas.

Si queremos que la sociedad deje de ser un mero espacio para la instauración de normas y la construcción de formas, en la cual los animales son meros objetos y deseamos erigirla sobre la dignidad y la justicia, la sociedad no puede amparar ni consentir el maltrato animal, en cualquier de sus formas, pues éste es una de las manifestaciones de la violencia ecológica que el hombre ejerce sobre la naturaleza, además de ser un aviso sobre la posible existencia de otras formas de violencia, incluida la familiar. Hasta el próximo miércoles.