Con la aprobación del Real Decreto de autoconsumo eléctrico, podemos parafrasear el título de la conocida película española de Fernando León: Los lunes al sol. Así nos vamos a quedar, que nos van a robar el sol. El Ministerio de Industria se pliega al aprobarlo a los intereses de las grandes eléctricas con una norma que perjudica económicamente a los consumidores -26 millones de clientes particulares que consumen el 30% de la energía- al tiempo que paraliza un sistema de producción y consumo de electricidad más barato, descentralizado y respetuoso con el medioambiente, impulsor de las energías renovables. El modelo prohibido implica que la generación no se concentraría en unas pocas compañías como ocurre en la actualidad, sino que podrían aparecer centrales eléctricas a escala familiar o de pequeña y mediana empresa, algo que repercutiría en una mayor competencia y ampliación de la oferta para los usuarios.

Dicho Real Decreto es una elección dentro de las distintas opciones de la gobernanza neoliberal, pues como proclama su artículo primero sólo establece las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica, status quo que ha provocado subidas de la factura de la luz para las familias del 72,3% en los últimos diez años, a pesar de que España sea uno de los países europeos con la factura eléctrica más cara y uno de los Estados con una regulación más restrictiva para el autoconsumo, a pesar de ser líder en horas de sol y que el Real Decreto aprobado pretende mantener.

Pero lo políticamente relevante en este asunto es poner de manifiesto quien se beneficia o gana con este modelo, quien ha de pagar, así como el sufrimiento que provoca este acto de subordinación energética al oligopolio dominante. Y es claro que quien se beneficia es la industria eléctrica y quienes pagan y lo sufren son los ciudadanos. Y quien gana el PP. Es una realidad que la industria de la energía eléctrica entra en pánico sólo pensar la pérdida de la regalía que supone la desaparición del oligopolio de producción y la pérdida de un 30% de cifra de negocio que significa la producción descentralizada derivada del autoconsumo.

Es fundamental destacar como cuestión políticamente fundamental el enorme margen político que tiene la Junta de Andalucía para establecer políticas propias diferenciadas en materia de energías renovables, al tratarse las competencias que ésta tiene en materia de instalaciones de producción de energía y en materia de fomento y gestión de energías renovables de competencias compartidas que permiten establecer esta diferenciación. Esta capacidad política de la Junta de Andalucía viene reforzada con la competencia exclusiva que tiene en materia de establecimiento y regulación de medidas de sostenibilidad y regulación de los recursos naturales, exclusividad de la que se deriva el carácter preferente del derecho andaluz y el carácter supletorio del derecho estatal en esta materia.

Este argumento viene reforzado por otra razón también jurídica y que tiene su fundamento en el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico. La palabra «fuente» aplicada al derecho describe con una expresión figurada el fenómeno de producción o creación del derecho, que también expresa quien produce el derecho y el resultado de la producción. Señalado lo anterior, debe decirse que el Real Decreto que regula el suministro eléctrico con autoconsumo y la producción con autoconsumo es una norma básica que se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13. y 25 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético. La norma autonómica que interviene es el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es una ley orgánica y aunque las leyes orgánicas y las ordinarias no se sitúan, propiamente, en distintos planos jerárquicos, es de entender que la ley orgánica es jerárquicamente superior a la ley ordinaria, y con mayor motivo en el caso de los Estatutos de Autonomía, que son leyes orgánicas sometidas a un procedimiento especial de aprobación y dotadas de super-rigidez formal, de manera que su modificación solo puede ser llevada a cabo a través del procedimiento de reforma contenido en el mismo. Lo contrario supondría una recentralización de las competencias por vía de ley ordinaria prohibida por la Constitución.

Por tanto, en base a esta elemental clase de teoría general del derecho se trata de saber si la Junta de Andalucía tiene la voluntad política de rechazar el modelo energético centralizado, oligárquico e insostenible del PP o si quiere en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del Estatuto de Autonomía -que es la norma jurídica superior de Andalucía- establecer un modelo energético diferente, que bien puede ser el que acordó con los ecologistas en el pacto de gobierno de 2004-2008, uno de cuyas bases era precisamente el fomento y desarrollo del autoconsumo energético basado en las energías renovables. Se trata, por tanto, de que el PSOE se manifieste sobre la vigencia de aquel pacto, sino de saber si incorporó a su ADN la sostenibilidad energética por la que apostó hace dos legislaturas o simplemente el pacto energético que rubricó fue una simple medida cosmética que aceptó para colgarse la medalla de la sostenibilidad y la modernización ecológica de Andalucía.

Por tanto, a pesar de que todos los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados han manifestado su voluntad de derogar el Real Decreto de autoconsumo aprobado por el PP si llegan al poder, el PSOE y la Junta de Andalucía en particular, tienen una oportunidad de oro para hacer patente con hechos y no meramente con declaraciones vacías dicha voluntad, adoptando desde este momento las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para que Andalucía tenga una política propia en materia de energías renovables. La pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía. El PSOE tiene que decidir libremente si está por una democracia de mercado como el PP o por una democracia ciudadana capaz de embarcarse en una discusión directamente política y social que permitan replantearse las coordenadas socio-ecológicas de la vida cotidiana y establecer una nueva configuración de la organización energética de Andalucía. Hasta el próximo miércoles.