360 grados

Luxleaks

17.10.2015 | 05:00

Aunque la avalancha de informaciones provoca que nuestra memoria sea cada vez más corta, muchos recordarán el escándalo conocido como LuxLeaks, el conchabamiento entre el Gran Ducado de Luxemburgo y grandes bancos o multinacionales para darles a éstos un trato de favor fiscal.

Lo más escandaloso del asunto, revelado hace ahora casi un año por varios medios internacionales, es que con esa competencia desleal, impropia de países socios, las multinacionales evitaron pagar impuestos allí donde hacían realmente sus negocios con el consiguiente y monumental perjuicio para las arcas de esos Estados.

El asunto, que estuvo en manos del anterior comisario europeo de la competencia, Joaquín Almunia, está ahora en las de la danesa Margrethe Vestager, que debe pronunciarse próximamente sobre el mismo.

El descubrimiento de esas prácticas cuando menos discutibles y que duraron de 2002 a 2014 se produjo en el momento más inoportuno para quien había sido primer ministro de ese país, Jean-Claude Juncker, que acababa de ser nombrado presidente de la Comisión Europea.

El asunto ocupa desde entonces no sólo a la comisaria Vestager, sino también a unos cuantos eurodiputados que no han sucumbido al encanto que ha sabido desplegar Juncker desde entonces en los foros europeos y que tratan de determinar lo que el político luxemburgués sabía de aquellas prácticas.

«No se trata de culpabilizar a Juncker, pero lo que no me trago es que él no supiera nada», afirma, por ejemplo, el liberal demócrata alemán Michael Theurer, quien junto a otros legisladores lleva varios meses tratando de hacer la luz en ese «affaire».

Juncker entró en el gobierno de su país como titular de Finanzas en 1989 y entre 1995 y 2013 ocupó la jefatura del gobierno del Gran Ducado, período que coincide plenamente con los años en los que las multinacionales se beneficiaron de ese trato fiscal especial.

Son también los años en los que ese pequeño país en el corazón de Europa que había despuntado económicamente gracias a su potente industria de siderurgia se convirtió en importante centro financiero y paraíso fiscal, hábilmente aprovechado por grandes empresas como Ikea, Amazon, Fiat, Starbucks o bancos como el Deutsche Bank para eso que llaman eufemísticamente «optimizar» impuestos.

Como señala Gabriel Zucman en su libro sobre los Paraísos Fiscales, Luxemburgo ofreció a consorcios internacionales de todo el mundo el derecho de elegir libremente sus tipos impositivos y obligaciones legales, todo ello naturalmente en perjuicio de aquellos otros países de la UE donde normalmente, y sin la correspondiente ingeniería fiscal, tendrían que haber tributado.

Juncker asegura por activa y por pasiva que él no estuvo nunca al corriente de esos acuerdos secretos con las grandes corporaciones y que no es tampoco «amigo del gran capital», pero algunos eurodiputados no le creen.

Y citan algo ocurrido en 1997, cuando el entonces primer ministro luxemburgués encargó un informe sobre evasión de impuestos del que su autor, el diputado de ese país Jeannot Krecké, eliminó una página antes de darlo a la luz, precisamente aquélla en la que se hablaba de las prácticas que ahora se investigan.

Después de que Juncker negara saber algo de esa omisión, el eurodiputado del partido alemán «Die Linke» (La Izquierda) Fabio de Masi le recordó que el propio Krecké dijo haberle informado al primer ministro de que faltaba aquella página.

El presidente de la Comisión tuvo que pedir disculpas al eurodiputado de Masi no sin antes explicar que, por culpa del tiempo transcurrido, no podía recordar exactamente lo que ocurrió entonces.

Según el semanario Die Zeit, la página eliminada del informe ha salido finalmente a la luz pública, y en ella no sólo se detallan los tratos de favor ofrecidos a las grandes corporaciones, sino que se advierte de paso al Gobierno luxemburgués de sus posibles «efectos negativos» y se recomienda «seguir más de cerca esos acuerdos».

El semanario alemán no cree, sin embargo, que Juncker vaya a salir trasquilado de todo este asunto porque puede contar con la benevolencia de una mayoría de los eurodiputados, tanto los cristianodemócratas como los socialdemócratas, que le ayudaron a alcanzar la presidencia de la Comisión frente a la oposición inicial de algunos jefes de gobierno, entre ellos la propia canciller alemana Angela Merkel.

Lo demuestra lo ocurrido cuando el sector más a la izquierda del Parlamento europeo, los Verdes y el partido alemán Die Linke, exigió que se crease una comisión de investigación, a lo que se opusieron los dos grupos mayoritarios con el apoyo del propio presidente de la cámara, el socialdemócrata alemán Martin Schulz, que se ha convertido en el mayor aliado de Juncker.

Los partidos a la izquierda del grupo socialdemócrata se quejan de las continuas maniobras obstruccionistas de la Comisión, que no les ha dejado examinar con tranquilidad las actas de las reuniones de los ministros de Finanzas de la UE en las que se acordó ya en 1997 un código de conducta, por cierto que no vinculante, para evitar la competencia desleal entre países.

Sólo se les ha ofrecido ver durante cuatro horas en una sala de lectura esos documentos, pero en ningún caso tomar notas ni informar a terceros de su contenido. El pretexto de la Comisión es que las actas contienen información confidencial de los gobiernos.

Lo más grotesco de todo este asunto es que, como explica Die Zeit, si finalmente se consiguiese probar que ese trato de favor a las multinacionales constituyó una práctica ilegal, las empresas tendrían que pagar lo que deben no a los Estados defraudados, sino precisamente a Luxemburgo, es decir al país que los ayudó a defraudar. ¡Así son las cosas a veces en Europa!

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