Juzgado de guardia

Una pelea de altura en Sevilla

19.10.2015 | 05:00

La Sala de Gobierno del TSJA apartada a Mercedes Alaya de la instrucción de los ERE. Eso era, más o menos, lo que venían a decir todos los titulares de la prensa nacional, poniendo en negro sobre blanco la decisión de la cúpula judicial andaluza de separar a la extitular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla del campo de minas que ella misma abrió. El problema es que la realidad que hay tras esa decisión hace que el verbo apartar, tal vez, no sea el que debería haberse usado para definir lo ocurrido. Nadie ha apartado a nadie. Recuerdan fuentes judiciales que fue Mercedes Alaya la que pidió irse a la Audiencia Provincial de Sevilla cuando salió una plaza. Es natural que uno, usted, yo y todos, queramos progresar en nuestras respectivas carreras profesionales. Esa plaza se le concedió y Alaya dejó de ser titular de la plaza, que pasó a ser ocupada por María Ángeles Núñez, juez especialista en civil que, nadie sabe por qué, solicitó ocupar la vacante. Todos creían que el juez de auxilio del juzgado iba a solicitarla pero, de repente, alguien voló sobre el nido de Alaya. Ya en ese punto, alrededor de junio, el TSJA decidió que Alaya siguiera en el juzgado en comisión de servicio llevando los ERE, el caso del Betis y Mercasevilla, estos dos ya calificados por el ministerio fiscal. Pero hete aquí que a Bolaños, a quien se asignó la llevanza ordinaria del juzgado, no le gustó mucho esa solución y Alaya, en diversos escritos, ha dejado claro que no le gusta su compañera, según fuentes conocedoras del asunto. A Bolaños tampoco le gusta Alaya y, más allá de diferencias de criterio en torno a si trocear o no la causa de los ERE, hay una animadversión mutua difícil de esconder que ha sido ampliamente publicada y que este periódico ha podido constatar. Así las cosas, las fuentes recuerdan que Mercedes Alaya se va porque le da la gana a la Audiencia, y que luego la titular del juzgado es su sustituta. Y ahora era tal el clima irrespirable que había en el juzgado que la Sala de Gobierno, por el bien de las causas en curso, decidió revocar la comisión de servicio concedida al azote de la Junta de Andalucía tras recordar que cualquier conflicto jurídico ante instancias superiores daría la razón, automáticamente, a la ahora titular del juzgado. «¿Qué se podía hacer si se estaban matando entre ellas?», explica otra fuente consultada. Hay quien ha visto en este movimiento un intento desesperado de la Junta por apartar a Alaya de la causa, instrumentalizando para ello al TSJA, pero eso parece difícil cuando casi toda la Sala de Gobierno pertenece a la conservadora APM y, entre sus miembros, hay cargos de prestigio que nunca se han blindado a los enjuagues típicos de la política andaluza. Hay a quien ya le pitan los oídos.

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