Desde mediados de septiembre quería escribir un artículo sobre la política de defensa en España. A través de un Real Decreto Ley se anunció en esas fechas la recuperación de la paga extra de los funcionarios, con una consignación presupuestaria de casi 252 millones de euros. Se presentó como una gran noticia, pero sin embargo en mayo otro RDL aprobaba un aumento de los créditos de Defensa en 856 millones de euros, sin que se hablase de estímulo económico ni de esfuerzo presupuestario. Ha querido la casualidad que haya logrado investigar y escribir sobre este tema justo cuando Irene Lozano -una de las mayores especialistas parlamentarias en esta materia- es portada en todos los periódicos, y justo también cuando John Kerry visita España tras el acuerdo respecto a la base de Morón. A eso se le llama tener puntería.
La política de Defensa es singularmente opaca. Se alude a la seguridad nacional para sacarla del debate público, una opción que puede sonar razonable en un país tan polarizado como el nuestro. Sin embargo, estos argumentos no pueden sortear la necesidad de saber algo más sobre una política pública presupuestada en casi 25.000 millones de euros a lo largo de esta legislatura (con un gasto real que supera los 30.000 millones), y de la que depende la seguridad nacional, pero también la proyección de España en el mundo y otras cuestiones diversas de carácter industrial y tecnológico no menos importantes. Recordemos Navantia, por ejemplo. O la reciente adquisición de cuatro ‘drones’ por importe de 216 millones de euros.
El 60% de los gastos de Defensa se destina a pagar el personal. Pero la partida más polémica es la que se dirige a cubrir los compromisos financieros derivados de los llamados «Programas Especiales de Armamento», diseñados en el año 2007 cuando el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, era secretario de Estado. Un informe firmado por Irene Lozano y Bernardo Navazo (investigador del King’s College) cuestiona estos programas a partir de tres variables: «fraude, despilfarro y utilidad». Afirman que son programas sobredimensionados; que no responden a las necesidades reales de nuestras fuerzas armadas; y que además la proyección de pagos supone que consumirán hasta el 20% del presupuesto total de Defensa en el año 2018, algo insostenible. También critican los autores la forma de financiación presupuestaria: a través de la aprobación de RDLs (como el ya mencionado) que hurtan el debate parlamentario y multiplican los gastos sin posibilidad de control.
Hay otros datos interesantes relacionados con la política de Defensa que se deben conocer. Como por ejemplo los que aporta Aurelia Valiño, profesora de la Universidad Complutense, en un reciente artículo publicado en FUNCAS, la revista de la Fundación de las Cajas de Ahorros. España destina a Defensa en torno al 1% de su PIB, cuando sus aliados estratégicos dedican el doble. El coste total de las misiones internacionales de España, desde 1990 hasta 2014, asciende a 9.615 millones de euros. Y además las desviaciones presupuestarias superan el 50%: en 2012 el presupuesto inicial del Ministerio fue de 6.316 millones, para un gasto final de 9.682 millones. Datos muy relevantes para poder hacer una valoración correcta y objetiva del acierto o no de nuestra política nacional de Defensa. Sin maniqueísmos ni prejuicios de por medio.
Nada se dice de estas cuestiones, que apenas ocupan espacio en los medios de comunicación. En un reciente artículo publicado en El País, Lozano y Navazo afirman que «si las Fuerzas Armadas son la suma de los profesionales y sus recursos materiales, en estos cuatro años el Gobierno ha cuidado mucho más estos últimos». Una aseveración polémica pero que parece avalada por los hechos y las cifras. Como ciudadano de este país sin duda quiero unas Fuerzas Armadas adecuadas, capaces de cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales. Pero siempre con transparencia y adecuada gestión presupuestaria. Cuando toda la sociedad está haciendo un tremendo esfuerzo impuesto por la austeridad obligatoria, sería muy conveniente saber que el destino del gasto público es el más eficiente posible. También en Defensa, por qué no.
