Políticas públicas

Vivienda

03.11.2015 | 05:00

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha empezado los trabajos para la redacción consensuada de su nuevo Plan de Vivienda. Según declaraciones del nuevo consejero, el jienense Felipe López, la política de vivienda andaluza se va a centrar en la rehabilitación y también en la promoción pública en régimen de alquiler. Como portavoz parlamentario que fui en la Comisión de Fomento y Vivienda, sigo estos temas con interés. La crisis española fue tan terrible por el hundimiento del sector de la construcción, previamente espoleado hasta límites insostenibles. Hay que preguntarse, entonces, si llegará la anhelada recuperación.

Uno de los factores más relevantes para que la construcción se recupere es la demografía. A partir de ella se calcula la llamada «demanda natural de vivienda», esto es, el número de nuevas familias que se constituyen cada año y que necesitan una vivienda para emanciparse. Durante los años del boom económico en España, cuando se construían 800.000 viviendas al año (como en 2005), la mitad de ellas se destinaba a esta demanda natural. Hoy por hoy esa demanda natural ha caído en picado, y aunque se siguen formando nuevos hogares, muchos de ellos optan por el alquiler, o la segunda residencia de los padres, para poder cumplir el sueño de la independencia.

Las estadísticas no son alentadoras. En este año 2015 apenas se va a iniciar la construcción de 50.000 viviendas en nuestro país, el 5% de lo que construyó en 2005. Estamos de acuerdo en que ni se puede ni se debe volver a los años de la vorágine, pero en un término medio está la virtud. La financiación inmobiliaria también sigue bajo mínimos, y la coyuntura económica tampoco ayuda.

Hay otros datos que tampoco invitan al optimismo. Por ejemplo, el análisis del mercado laboral. Estudiando las Encuestas de Población Activa se descubren hechos lacerantes. Entre diciembre de 2011 y septiembre de 2015, se han destruido en España 870.000 empleos ocupados por jóvenes de entre 20 y 34 años. Con esas cifras es imposible que se constituyan nuevos hogares, o que repunte esa demanda natural de vivienda que tire de la actividad en el lánguido sector inmobiliario español.

Los registros de demandantes de viviendas coinciden en mostrar un aumento de la demanda de vivienda en alquiler, así que por ahí debe enfocarse la política pública de vivienda. Y también la Ley 8/2013 se llamaba Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Miles de edificios españoles son antiguos, necesitan reformas, ascensores, actuaciones para mejorar su eficiencia energética. Se pusieron en marcha líneas de subvenciones con un pequeño grado de copago por parte de las comunidades de vecinos. Esa demanda sigue existiendo y permitiría dotar a la política de vivienda de un componente social que no siempre estuvo presente en los años dorados de la construcción.

La recuperación de la actividad económica vendrá, pues, de la mano de la mejora de las expectativas, de la creación de empleo de calidad, y también por el mantenimiento de unos tipos de interés bajos que permitan la financiación a promotores y demandantes. En este sentido, también parece oportuno recomendar que se preste atención a nuevas formas de demanda, basadas en usos turísticos, en menores necesidades de espacio (parejas mayores que viven solas en inmuebles antiguos; familias separadas o divorciadas) o en características diferentes a las que se han conocido hasta ahora. La vivienda en propiedad para toda la vida no se compadece con las crecientes precariedad laboral y movilidad geográfica que se exige a todo el mercado laboral. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para el diseño de una política pública acertada.

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