360 grados

Apátrida

¿No tiene España una responsabilidad tanto legal como moral hacia los saharauis?

05.11.2015 | 01:55

He conocido a un joven estudioso saharaui que reside actualmente en España, donde lleva tiempo a la espera de un simple documento de apátrida. Lo solicitó hace año y medio a la sección correspondiente del Ministerio del Interior y aún no ha recibido respuesta.

Vive en casa de la misma familia que tan generosamente le acogió en el marco del programa anual de «vacaciones de paz» para niños saharauis y que ha vuelto a hacerlo años más tarde con el ya joven, que estudió mientras tanto en Estados Unidos, donde hizo la carrera de derecho internacional y obtuvo un máster en solución de conflictos.

Pudo matricularse allí gracias a la beca de una ONG internacional que da bolsas de estudios a los alumnos más brillantes y que le había permitido terminar antes en Italia la escuela secundaria que comenzó en Argelia como otros adolescentes saharauis.

Su visado de estudiante, con el que viajó a EEUU, caducó tras la terminación de sus estudios, y su pasaporte argelino –un documento diseñado especialmente para los refugiados saharauis– no puede renovarse en ninguna embajada.

Para ello, tendría que regresar a Argelia y a los campamentos, donde no ve de momento ninguna perspectiva, por lo que espera entre nosotros a que las autoridades se dignen finalmente darle el visado de apátrida que solicita y poder luego regresar a EEUU, hacer allí el doctorado y escribir sobre el pueblo saharaui a fin de ayudar a su gente.

Pese a sus estudios superiores y su condición de políglota –habla árabe, español, francés e inglés– al no tener más que un documento que prueba que ha solicitado el visado de apátrida, no puede tampoco trabajar aquí mientras aguarda el visto bueno de las autoridades.
Él se lamenta de que España, o mejor dicho, los sucesivos gobiernos, hayan abandonado a su suerte a todo el pueblo de un territorio que fue un día una provincia de España y cuyos habitantes –por ejemplo los abuelos de este joven– tenían todos un documento de identidad español.

Un territorio que la ONU sigue considerando «no autónomo» y cuya autodeterminación vienen exigiendo desde 1960 por su resolución 1415 las Naciones Unidas, sin que España parezca hacer por quienes fueron ciudadanos suyos y sus descendientes más que declaraciones puramente retóricas de apoyo.

¿No tiene acaso España una responsabilidad tanto legal como moral hacia los saharauis, que han visto cómo Marruecos, que controla un 70 por ciento del territorio, incumple un año tras otro el compromiso contraído ante la comunidad internacional de organizar un referéndum en el territorio que ocupó con la Marcha Verde de 1975?

¿Pesan acaso más los negocios con Marruecos, las armas que vendemos a ese país del Magreb o las eventuales presiones de Francia?
Y además ¿cómo es posible que las autoridades españolas, en lugar de acelerar los trámites del pasaporte de apátrida, parezcan tratar a un joven saharaui, es decir a un descendiente de ciudadanos españoles, igual que si fuera, por ejemplo, senegalés?

El saharaui, un pueblo laico, culto y no fanatizado como otros, que, pese al cruel abandono sufrido, sigue atesorando el idioma de la antigua potencia colonial como su segunda lengua después del árabe, se merece sin duda mejor trato.

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