Málaga solidaria

Apátridas y refugiados

07.11.2015 | 05:00

La situación en Europa con los refugiados recuerda las circunstancias que estamos viviendo entre la República Domicana y Haití. Hacen dos años que el Tribunal Constitucional evacuó una sentencia legitimando la política restrictiva del Estado dominicano, en la que durante 10 años la JCE administrativas suspendía, cancelaba las inscripciones de nacimientos o cédula a dominicanos de ascendencia haitiana. La misma puso en condiciones de apátridas a más de 200 mil personas. Existe el consenso entre los juristas de que esa decisión es contraria a Corte IDH y viola el principio de «irretroactividad» de ley cuando fija hasta el 1929 la adquisición de la nacionalidad basado en las condiciones legales de los padres.

Con un ambiente hostil impulsado por grupos de influencia en la administración pública y complicidad de sectores políticos, religiosos y económicos, la vida de los inmigrantes y sus familias se dificultó. Ese ambiente putrefacto y violatorio de los derechos fundamentales de la persona solo pudo contenerse con la solidaridad y cooperación internacional.

Sin la reacción oportuna de los estados miembros de la OEA, CARICOM, organismos internacionales y de cooperación, difícilmente se pudiera contener al estado dominicano para reconsiderar esa arbitraria medida. La sentencia desencadenó en un escándalo internacional, deteriorando el posicionamiento de RD y afectando las relaciones bilaterales con Haití. La contribución de los medios, la campaña de incidencia de las ONG y la colaboración de voluntarios para denunciar las violaciones fueron fundamentales para detener la repatriación masiva anunciada dentro del gobierno.

En 2014 forzaron la expulsión de miles de personas retornados y repatriados a Haití. Especialmente los que no pudieron acogerse al plan nacional de regularización de extranjeros. En Anse A Pitres hay más de 4 campos de personas repatriadas e informes de la ONU cifran en cerca de tres mil habitantes viviendo bajo plásticos y ramas. No hay más camino que la cooperación y la responsabilidad de las distintas administraciones para dar seguridad a las personas apátridas y refugiadas, garantizando que se cumplan los derechos humanos y como no, vigilados por las organizaciones internacionales.

* Enecia es miembro de la ONG Cedeso

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