Juzgado de guardia

Las cuentas al maestro armero

09.11.2015 | 05:00

El Tribunal Supremo se ha cargado, en apenas 24 horas, el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella aprobado en 2010 por la Junta y el Ayuntamiento y el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental. El alcalde de Marbella, José Bernal, ya habla de una disposición transitoria que le permita salvar la cara a las licencias de obra dadas en estos años en base a esa revisión y mantener, al menos en lo que se pueda, la seguridad jurídica de las inversiones inmobiliarias que ahora están en marcha en la ciudad. El Supremo no entiende de barcos ni de momentos políticos. Ni tiene por qué hacerlo. Han visto, en contra del criterio del TSJA, que estos planes tenían vicios radicales de nulidad y sus magistrados los han echado abajo sin mirarse si quiera las puñetas. Claro que, tal vez, si tuvieran algo de sentido de Estado, podrían haber fallado en otra dirección. Ya he dicho unas cuantas veces que el Derecho es el arte de defender una cosa y su contraria usando argumentos legales y, por tanto, una decisión en sentido contrario al adoptado tampoco hubiera sido sorpresiva. Ahora que los aires económicos empezaban a acariciar las velas de la Perla del Mediterráneo, vital para Málaga y su salud financiera, parece una patada en la entrepierna de una ciudad que ya ha tenido bastante. Claro que, por otro lado, esto nos debe hacer reflexionar en cómo se hicieron las cosas o cómo las hacemos aquí. Marca de la casa. Un plan que, por lo visto, no gustaba a nadie, ni a los que lo aplicaban. Con un soplido de legalidad aquel andamiaje urbanístico, que sirvió para hacer la digestión de 16.500 de las 18.000 viviendas ilegales, se ha venido abajo. Ahora, todo el mundo mira al maestro armero. O a su primo. Y todos se ufanan de sus buenas intenciones: ahora, dicen, hay que buscar soluciones y no culpables. Que sí, que eso está muy bien, pero ¿quiénes son los responsables de haber aprobado lo que, al final, no era más que una porquería jurídica? ¿Quién lo santiguó? ¿Quiénes lo impulsaron? ¿Quiénes lo hicieron? Una vez más, no vamos a ver ni una dimisión y Bernal y sus compañeros de corporación van a tener que comerse el marrón de aprobar un nuevo plan, con lo que eso supone de parón para la actividad inmobiliaria, pues no se tarda precisamente un par de meses en hacer un PGOU más racional. Las consecuencias de la decisión del Supremo –que, ya digo, se las trae– son más graves de lo que parece. Gravísimas. Y sí, es tiempo de consenso, de hablar, de buscar puntos de acuerdo. Pero tal vez deberíamos hablar también de lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir. Otra vez le damos una patada en la espinilla a Marbella.

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