Barra Verde

Adiós España, hola Cataluña

La primera tarea del Estado es restablecer el Estado de derecho, no sólo en cuanto restablecimiento del imperio de la ley, sino por cuanto significa de restablecimiento de la voluntad ciudadana

11.11.2015 | 01:22

La aprobación por el Parlamento de Cataluña de la resolución de ruptura con España ha puesto al Estado al borde de un abismo. JxS y CUP se amparan para aprobar esta resolución en el mandato democrático obtenido de los catalanes en las elecciones autonómicas y en la legitimidad que les otorga la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento. Pero el mandato democrático que han obtenido ni resulta suficiente, ni tampoco les ampara ninguna legitimidad para declarar la independencia de Cataluña. Todo mandato democrático exige que la decisión sea adoptada por mayoría de votos. Y los votos que han obtenido JxS y CUP no representan dicha mayoría, son nada más que el 47,8% del censo, pero también nada menos. A pesar de ser muy elevado el porcentaje de catalanes partidarios de la independencia, resulta exiguo para iniciar tal camino. Tan insuficiente es que no permitiría siquiera la reforma del Estatuto de Autonomía, pero indica la existencia de un problema político.

Hay que tener en cuenta además que el sistema electoral catalán, igual que el resto de los sistemas electorales de España, contiene una «desviación calculada del principio de igualdad», que en el caso de Cataluña representa el voto independentista. La mayoría independentista obtenida en el Parlamento, por tanto, tampoco es real. Esta circunstancia queda confirmada por el Centro de Estudios de Opinión, cuyo barómetro de julio de 2015 indica que el 50% de los catalanes votaría en contra de la secesión frente al 42,9% que votaría a favor. Mucha pirotecnia y mucho fuego de artificio.

En cuanto a la legitimidad conseguida que invocan los partidos pro independencia, hay que destacar en primer lugar que la democracia española es una democracia procedimental, esto significa que en nuestra democracia el respeto al procedimiento, no es sólo un aspecto de la legalidad, sino que constituye un elemento esencial del estado democrático, en cuanto expresión de la voluntad de los ciudadanos expresada a través de la ley y también esencial, por tanto, para la legitimidad del poder público. La inobservancia por el Parlamento de Cataluña del procedimiento previsto en la ley para la aprobación de la resolución de desconexión, hace que ésta no sólo sea ilegal, por contradecir la ley y romper el Estado de Derecho, sino que también la hace ilegítima por contradecir la voluntad de los ciudadanos expresada a través de la ley, convirtiendo el acto realizado en arbitrario e injusto.

La primera tarea del Estado ahora, por tanto, es restablecer el Estado de derecho, no sólo en cuanto restablecimiento del imperio de la ley, sino sobre todo por cuanto significa de restablecimiento de la voluntad ciudadana ilegítimamente hurtada. Pero esta actuación en la esfera legal no será suficiente para resolver el problema político que existe en Cataluña, pues los partidarios de la independencia han optado por una estrategia de confrontación que busca el desencadenamiento de una espiral de acción/reacción, de manera que cada actuación del Estado produzca un efecto de rechazo en la población y ahonde el sentimiento de ruptura, a la vez que impide al Estado permanecer pasivo, pues en tal caso la independencia de Cataluña sería un hecho consumado en 18 meses. La estrategia es una operación de independencia. El problema no se va a resolver, por tanto como pretende el Gobierno, con multas coercitivas ni con inhabilitaciones de las autoridades desobedientes. Ni creo siquiera que el estado de sitio en Cataluña sirva para arreglar nada. A lo más para sofocar. ¿Por cuánto tiempo? Urge pues que el Gobierno de España y el resto de fuerzas políticas e instituciones del Estado comiencen a buscar soluciones políticas.

Una declaración solemne del rey Felipe VI, en conformidad y acuerdo con el Gobierno y las restantes fuerzas políticas, aceptando de manera expresa la naturaleza plurinacional del Estado, que se materializaría en una reforma de la Constitución durante la próxima legislatura, serviría para encauzar el conflicto. Es necesario un gesto político y cuanto antes mejor. Al fin y al cabo, la plurinacionalidad del Estado ya se encuentra implícitamente reconocida en el estado de las autonomías de la Constitución de 1978. El Rey debe asumir que es mejor ser el Rey de las Españas, que el Rey de una parte de España. Y como muestra de esa voluntad debería comenzar a utilizar, desde el momento de realizar tal declaración, el antiguo título que lo proclama como tal. Lo que no sé es si habrá suficiente inteligencia política para ello. Lo primordial es satisfacer el deseo de la mayoría de los catalanes de reconocimiento de su singularidad y mayor autogobierno dentro de la Nación española, así como los deseos del resto de españoles de reconocerse en una Constitución que proteja su felicidad y un estado que les proporcione bienestar. Hasta el próximo miércoles.

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