Juzgado de guardia

La clave está en la respuesta

30.11.2015 | 01:18

La ejecución de la sentencia del caso Malaya es inminente. El Tribunal Supremo ha resuelto hace unos días todas las nulidades solicitadas por los abogados personados en el caso, el último intento por parar el ingreso en la cárcel de al menos 26 de los imputados teniendo en cuenta la regla de oro, que queda a discreción del tribunal, de que sólo entran aquellos condenados a más de dos años de cárcel.

Asimismo, esos incidentes de nulidad suponen un paso previo, dicen los juristas, a la interposición de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que habrá quien los presente. La sentencia llegará desde Madrid en unos días y, posiblemente, se espera a enero para reclamar el ingreso en prisión de los sentenciados y requerir el pago de las millonarias multas. De esa forma, casi diez años después de las primeras detenciones, se producirá el castigo por convertir una ciudad modélica y su ayuntamiento en la cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones. De momento, sólo Roca y Julián Muñoz cumplen penas por este y otros casos de corrupción, el primero con el ánimo minado por el permiso carcelario que no llega tras más de nueve años entre rejas, y el segundo con una salud maltrecha, la que da haber estado en la cárcel varias veces a lo largo de los últimos años.

En enero, posiblemente entren en Alhaurín de la Torre la exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, su mano derecha, la incombustible Isabel García Marcos, el empresario José Ávila Rojas y una buena parte de los concejales.

Está por ver si el tribunal de la Sección Primera sigue el camino trazado por sus compañeros de la Sección Segunda, que, pese a que Isabel Pantoja había sido condenada a dos años y no tener antecedentes, decidieron mandarla a prisión por la gravedad de los delitos cometido. Muchos juristas, reconocidos e irreconocibles, han criticado esa decisión, pero lo cierto es que los aires de indignación popular por los numerosos casos de corrupción existentes en el país han llevado al Supremo a aplicar la mano dura con los exconcejales marbellíes.

Los imputados en Gürtel, Púnica o el clan mafioso de los Pujol pueden ver lo que les espera delante de sus narices y no tienen que hacer muchas cábalas. La pregunta ahora se hace evidente: ¿ha interiorizado la ciudadanía que la corrupción es perniciosa y que no se pueden permitir estos comportamientos en el sector público? ¿Lo hemos interiorizado los periodistas? ¿Lo saben los funcionarios que han de velar por que nadie meta la caja en la mano? ¿Estamos hoy más preparados para luchar contra la corrupción, tenemos más respuestas? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es que sí, todo habrá valido la pena.

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