Políticas públicas

Economía colaborativa: transportes

01.12.2015 | 05:00

La semana pasada hablábamos de la (mal) llamada economía colaborativa y su impacto en el sector turístico. Esta vez vamos a comentar sus posibles consecuencias sobre el modelo de transporte tal y como lo conocemos. Una advertencia previa: no se trata de UBER, porque esta empresa es una plataforma de «economía a demanda», nada que ver ni de lejos con la (mal) llamada economía colaborativa. Así que este artículo se dedica muy especialmente a la autodenominada red social Blablacar.

En España disfrutamos de un modelo de transporte colectivo al que se dedica mucha inversión pública. Que el transporte sea público no quiere decir que sea gratis: una parte de sus costes lo asumen los usuarios, pagando los billetes, y otra parte muy importante corre a cargo de las administraciones públicas, de nuestros impuestos. Esto permite utilizar los autobuses urbanos e interurbanos y la red ferroviaria a precios asequibles. Un ya viejo estudio de Analistas Financieros Internacionales calculaba en más de 3.000 millones de euros la subvención anual de todas las ciudades y pueblos de España al transporte público. Poco a nada se sabe de esta importante política pública, que conecta ciudades, permite la movilidad laboral y garantiza el acceso a escuelas, hospitales, centros de trabajo o universidades a millones de personas cada día.

La comunicación entre ciudades o interurbana se gestiona a través de un régimen de concesiones. Las administraciones sacan a concurso una concesión (por ejemplo, la línea entre Málaga y Granada, o entre Málaga y Sevilla) y las compañías del ramo presentan ofertas para su explotación. La administración competente (en este caso la autonómica) exige unos requisitos (frecuencias, calidad de los autobuses, precio máximo del billete, y ahora también conexión wifi o transporte de bicicletas) y con esas cuentas las empresas explotan las concesiones sin que eso le cueste un euro a la administración, esto es, a todos nosotros, ciudadanos que pagamos impuestos.

En este modelo que funciona bien irrumpe Blablacar, que no se define como empresa, sino como red social. Pone en contacto a conductores con vehículo con posibles pasajeros que ocupan los asientos vacíos. Sin duda es una buena idea: se basa en la confianza, es más eficiente y permite compartir costes de viaje en un momento de crisis económica. Blablacar, que en sus inicios era gratuita, ahora cobra una comisión del 12-15% por cada transacción realizada. Un negocio redondo.

El dilema surge cuando Blablacar deja de ser una red social para convertirse en un operador económico de hecho. En España más de dos millones y medio de personas se han dado de alta y son usuarios de esta plataforma. Hay quien ya se ha buscado un sueldecillo haciendo viajes entre ciudades, aunque parece difícil que compense. De esta manera, una galaxia de particulares sin control ni supervisión ni regulación se ha convertido en una competencia desigual para las empresas de transporte, a las que la administración y la sociedad en su conjunto exige tener buenos conductores y bien formados; una flota de alta calidad; tacógrafos y controles y jornadas laborales adecuadas para que la seguridad sea un hecho; y por supuesto las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social y el pago de impuestos.

Confebús (la patronal del transporte por carretera) ha denunciado a Blablacar. De momento la empresa francesa puede seguir operando en España, mientras se dicta sentencia, y se ha defendido argumentando que es una red social y que su actividad no causa perjuicio económico al sector, por tener un volumen de pasajeros demasiado bajo. Podría ser. La pregunta que hay que hacerse entonces es qué modelo de transporte colectivo queremos: el de autobuses bien regulados a precio asequible, o una galaxia de conductores y furgonetas sin regulación (como de hecho funciona el sistema de transporte en los países menos favorecidos). Blablacar parece un operador económico, tiene abogados como cualquier operador económico y hace lobby como otros operadores económicos. Su idea es buena y nadie la quiere prohibir. Pero por muy colaborativa que sea, es economía, y de empresa multinacional. De eso estamos hablando.

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