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El negocio de invertir contra el fraude

La dimensión estimada del fraude, las dificultades de las cuentas públicas y la expectativa de recaudación sugieren que multiplicar los recursos al servicio de la lucha contra el fraude es una urgencia

30.12.2015 | 01:02

El modelo fiscal español ha sido descrito por Manuel Lagares, presidente de la comisión de expertos que emitió un informe para el Gobierno antes de la reforma impositiva de 2014, como un «queso gruyere» lleno de agujeros por los que se pierden ingentes ingresos, en alusión a la profusión de bonificaciones, exenciones y reducciones que reducen las bases imponibles a la vez que complican el sistema, estimulando la ingeniería tributaria, la elusión y el fraude en sentido estricto. Ahí situaron aquellos expertos una de las explicaciones del bajo nivel de recaudación en España, donde la presión fiscal está en torno al 33% del producto interior bruto (PIB), a siete puntos de distancia de la media de la zona euro. Esto es, con un sistema fiscal cuya eficiencia permitiera una presión fiscal homologable al promedio europeo el Estado dispondría de 70.000 millones extra al año, más de lo que cuesta la sanidad pública.

Las diferencias con el estándar tributario de Europa quedan al aire también en las aproximaciones estadísticas sobre el tamaño de la economía sumergida. Las tentativas de calcular cuánto dinero pierde la Administración por los impuestos y las cotizaciones sociales que evaden quienes operan en el lado oscuro sitúan sistemáticamente a España entre los países desarrollados donde el problema es mayor, por lo general superior al 20% del PIB. Algunos especialistas suelen relacionar la expansión de la economía sumergida con la carga impositiva (se considera que los tipos altos suponen un incentivo para trabajar en «B») y con la «moral tributaria», la actitud de los ciudadanos y las empresas hacia el Estado.

Con independencia de que por razones culturales se tienda a atribuir a los países del Sur de Europa una moral más distraída en lo fiscal, otras piezas parecen encajar cuando se juntan por un lado las estimaciones sobre la economía sumergida y los medios que despliega cada país para luchar contra ella. Según datos de la OCDE divulgados por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, España es el estado europeo donde la Administración tributaria tiene menos plantilla en relación a la población. Hay un empleado por cada 1.958 habitantes, cuando la media es de 970. No parece casualidad que Italia y Grecia y Portugal, que están junto a España a la cabeza de la economía sumergida entre los países avanzados, también aparezcan entre aquellos peor dotados de personal para la recaudación, gestión e inspección de impuestos.

El Gobierno ahora en funciones destacaba el pasado octubre que por cada euro que se emplea en lucha contra el fraude Hacienda recauda casi diez. A expensas de que se haga una cuenta más fina, la dimensión estimada del fraude, las dificultades de las cuentas públicas (el déficit cerrará el año entre los más altos de Europa) y la expectativa de recaudación sugieren que multiplicar los recursos al servicio de la lucha contra el fraude es una urgencia y supondría un gran negocio para España.

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