Crece la irritación en Italia con lo que se percibe como excesivo rigor presupuestario de Berlín y Bruselas, que el Gobierno de Matteo Renzi considera desproporcionado y nocivo.

Un conocido comentarista italiano, Massimo Riva, criticaba recientemente al Gobierno de Roma Renzi por «someterse» a la conducción política y económica de la Unión Europea que «impone» Alemania .

El Gobierno italiano se muestra incapaz, sostiene Riva, de «rebelarse ante la ofuscación y la hipocresía del darwinismo contable alemán, que constituye hoy la más grave amenaza para la misma supervivencia de la unión monetaria».

El motivo inmediato de la ira del comentarista es la negativa de Bruselas a que Italia recurriese al Fondo Interbancario de Garantía para mitigar las pérdidas para los ahorradores de cuatro bancos de ese país amenazados de quiebra.

Bruselas se ha opuesto a esa posibilidad con el argumento de que se trataría de ayuda pública que violaría las reglas comunitarias, pero según Riva, ese fondo es alimentado por el sistema bancario a título privado, con lo que la tesis «de los burócratas de Bruselas no tiene ni pies ni cabeza».

El gobierno de cualquier otro país, sostiene el periodista, habría hecho seguramente caso omiso de las objeciones de Bruselas, habría tirado para adelante y desafiado a la Comisión, pero Roma ha demostrado una vez más una actitud «subalterna» frente a Bruselas.

El comentarista del semanario L´Espresso recuerda cómo Bruselas pidió en su día a Italia una contribución de 60.000 millones de euros destinada al rescate de las crisis bancarias en Grecia, Irlanda y los dos países ibéricos.

Buena parte de ese dinero acabó en los bancos alemanes, que se habían expuesto irresponsablemente con los créditos concedidos a esos países. Y entonces, critica Riva, la Comisión no pensó para nada en los contribuyentes italianos como hace ahora para justificar su negativa.

Para Riva, el problema es siempre el egoísmo alemán: el todopoderoso ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, no quiere de ninguna manera que los contribuyentes germanos tengan que pagar un día por los países más fuertemente endeudados.

Tanto Berlín como Bruselas anteponen en todo momento el equilibrio de los balances presupuestarios a las necesidades cada vez más imperiosas de inversiones que tienen los países del Sur pare crecer.

Mientras tanto, los socios de Alemania buscan la forma de sortear las duras exigencias que les impone el pacto de estabilidad: así, Roma quiere excluir de las cifras del déficit la aportación a Turquía por el tema de los refugiados.

Francia, que viene incumpliendo sistemáticamente las condiciones fijadas por Bruselas con una deuda próxima ya al 100 por ciento de su PIB, aprovecha su relación especial con Berlín para reclamar un cierto trato de favor del que no gozan otros.

Lo cual no impide que el ministro Schäuble esté cada vez más descontento con el comisario francés de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, que si en su etapa de ministro socialista de Finanzas no cumplió una sola vez el pacto de estabilidad, ahora parece favorecer a su país desde el cargo que ocupa en Bruselas.

El presidente francés, François Hollande, pretende que no se tengan en cuenta para los cálculos del déficit el gasto de su país en la lucha antiterrorista, que considera tan importante como el pacto de estabilidad.

Si Moscovici no pierde ocasión de ayudar a París frente a las exigencias de Berlín, concediendo al Gobierno francés una moratoria tras otra, no se queda atrás el director general de su departamento, el italiano Marco Buti, a quien los alemanes acusan de favorecer también a Italia.

Hartos de los subterfugios de unos y otros gobiernos, el ministro alemán de Finanzas y el vicecanciller y ministro de Economía, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, quieren aprovechar el próximo semestre de presidencia alemana para dotar de un carácter más vinculante a la política económica de la eurozona.

La intención al parecer es que la Comisión concentre su atención en unas cuantas reformas importantes que deberán acometer los países en asuntos como las finanzas, el crecimiento o el empleo y que el Consejo Europeo se preocupe además directamente de que se cumple todo lo acordado.