Juzgado de guardia

Marbella da trabajo para muchos años

18.01.2016 | 00:48

Asegura Rocío Amigo, abogada de Juan Antonio Roca, que su cliente suma ya treinta años de cárcel en penas y que hace unas semanas la Fiscalía Anticorrupción le abrió 102 nuevas causas relativas a convenios urbanísticos firmados al albur del frenesí de los años 90 y principios de la pasada década. Luego, para no darle el permiso de salida, los acusadores públicos suelen esgrimir la cantidad de causas pendientes que le quedan. Y se queda sin su salida tras una década en el talego (que cumplirá el próximo 29 de marzo, aniversario de las primeras detenciones del caso Malaya). Lo cierto es que ella ha intentado llegar a acuerdos, pedir acumulaciones, pero todo se le echa para atrás. Y la Fiscalía Anticorrupción, con un sólido y férreo criterio impuesto desde Madrid, quiere que, antes de negociar nada, o llegar a pactos, los interesados (y aquí no sólo está Roca) paguen lo que se llevaron de Marbella. Lo dijo hace unos meses el fiscal jefe de Málaga y lo repiten los abogados defensores, que saben que sus clientes tienen un horizonte penitenciario azul-oscuro-casi-negro. Algunos juristas reconocen que muchos de esos convenios pudieron verse en el caso Malaya, pero tras el proceso se desgajaron de esa matriz numerosas causas y eso está dando algunos quebraderos de cabeza en los juzgados marbellíes y en las salas de la Audiencia que tienen que dedicar tiempo y esfuerzo a juzgar a estos implicados en corrupción. Es muy loable que Anticorrupción quiera que, antes de hablar, se pague. De hecho, no sería comprensible otra postura; y, por otro lado, también parece de recibo que tantos casos como quedan por juzgar sean cribados para ahorrar tiempo y dinero a los ciudadanos y a los jueces y fiscales que deben implicarse en su resolución.

El otro día asistimos a la ejecución de las penas del caso Malaya, un trabajo judicial del que la sociedad debe sentirse orgullosa. Tanto que al juez que presidió el tribunal, José Godino, le ha valido la Cruz de San Raimundo de Peñafort y a López Caballero, fiscal del proceso, la jefatura del ministerio público en Málaga –además de por este, por otros muchos méritos en una carrera larga y brillante en la defensa de los intereses de la sociedad como fiscal Anticorrupción y de Medio Ambiente–.

Estos días también se celebra en la Audiencia el juicio del caso Goldfinger, hace poco se enjuició Fergocon (casos relativos siempre a Marbella). Y, en breve, llegarán El Pinillo, Lorcrimar, el asunto de la planta desaladora de Marbella y Jardines del Mediterráneo. En la ciudad costasoleña se robó a manos llenas durante 15 años y eso tiene como consecuencia este atracón de trabajo para nuestros fiscales y jueces. Tantos años después, Marbella les sigue dando trabajo.

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