Políticas públicas

Conciliación

19.01.2016 | 05:00

La actualidad política trae la oportunidad de hablar sobre las políticas públicas destinadas a mejorar la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional. Aunque la conciliación afecta tanto a hombres como a mujeres, su enfoque se ha desarrollado sobre todo como integrante de las políticas de igualdad, ya que se da por hecho (por ser la maternidad femenina, pero sobre todo por cierta inercia de otros tiempos) que la conciliación es cosa de mujeres. Así que un primer paso debe ser la ampliación de la necesidad de regular la conciliación (familiar y profesional) también para los trabajadores varones, y no sólo para ellas.

En España las políticas públicas orientadas a la conciliación son claramente insuficientes. La mayoría de las medidas proceden o se mejoraron de la mano de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La apuesta pública debe procurar adecuados permisos retribuidos para las madres, y también para los padres. Ayudas económicas para familias con menos recursos. Una buena red de guarderías, públicas o privadas, a precios asequibles. Y por supuesto horarios laborales racionales, permisos para atender enfermedades infantiles y respeto y protección normativa al desarrollo profesional de las mujeres trabajadoras y directivas que deciden ser madres. Entre otras muchas cosas.

Por desgracia, nos estamos quedando atrás. Las malas condiciones del mercado de trabajo, la precariedad laboral y los bajísimos salarios están haciendo que miles de jóvenes españoles estén retrasando la p(m)aternidad, cuando no renunciando a ella directamente. La natalidad en España es de las más bajas de los países occidentales, que ya registran tasas preocupantemente bajas. El modelo social requiere de la existencia de pirámides demográficas muy alejadas de las que se están construyendo en las sociedades desarrolladas. Pero imperan el corto plazo, los intereses financieros y la contemporización política.

Hay más. Si bien la conciliación era hasta ahora un fenómeno vinculado al cuidado de los hijos más pequeños, hoy por hoy, y mucho más tras el calculado desmantelamiento de las políticas derivadas de la Ley de Dependencia, esa conciliación también debe extenderse a trabajadores/as maduros (de más de 50 años) que deben cuidar a sus padres y madres mayores. Las condiciones laborales no hacen más que empeorar, la competencia es salvaje, los salarios bajan. Las empresas premian la presencia física y exigen horarios imposibles. Y sin embargo las necesidades de cuidado se extienden a nuevos grupos. Si hablamos de familias con hijos con enfermedades raras o situaciones aún más complejas, entonces el panorama es brutalmente desolador.

La sociedad cambia, pero el mercado de trabajo y los grandes equilibrios económicos y presupuestarios mantienen su rumbo firme. Pretender que se cuide a quien lo necesita pagando sueldos cada vez menores, desmontando las políticas públicas del cuidado a los más vulnerables, trasladando a los hombros de las familias (ámbito privado) lo que debe ser una responsabilidad colectiva (pública) es un despropósito insostenible que se compadece muy poco con la aspiración legítima de ir hacia una sociedad más civilizada y humana.

No sabemos si la diputada Bescansa hizo suyo el lema feminista de los años sesenta («lo personal es político») o buscó cínica la foto icónica. Sólo ella lo sabe. De lo que sí existe certeza absoluta es de que en España hay miles de familias que tienen que compatibilizar un trabajo precario y amenazado con el cuidado de pequeños, mayores y enfermos. Y también que esa carga recae de manera muy mayoritaria sobre los hombros de las mujeres. No es un asunto baladí, ni mucho menos. Ojalá haya un debate serio y riguroso tras el ruido y la furia desatados. Veremos.

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