El pasado viernes 22, el pleno de la Diputación Provincial de Málaga aprobaba por unanimidad, a iniciativa del grupo parlamentario de IU, el Compromiso por la Comunicación Pública del Colegio de Periodistas de Málaga, que tiene por objetivo mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la información y luchar contra el intrusismo profesional, garantizando el acceso a la profesión a los egresados universitarios de las titulaciones oficiales de Periodismo y de Comunicación Audiovisual. Enviado a los 103 alcaldes de la provincia, este compromiso ha sido suscrito por el momento, según fuentes del colegio profesional, por los ayuntamientos de Málaga, Cártama, Arriate, Teba, Canillas de Albaida, Humilladero, Mijas y Torrox. Con esta iniciativa, que esperamos sea suscrita por la totalidad de los municipios de la provincia, el Colegio de Periodistas de Málaga emprende una acción de enorme trascendencia en el proceso de normalización de la función periodística, aquejada tradicionalmente por un intrusismo secular que muchas instituciones públicas y empresas de comunicación siguen todavía favoreciendo.
La regulación de toda profesión empieza precisamente por la cualificación de quienes la ejercen, sancionada por un título académico; y, en el caso del periodismo y de la comunicación social, esa garantía la cumplen en nuestro país únicamente los titulados universitarios de Ciencias de la Comunicación. Corresponde pues a los colegios profesionales, en aras de su propia razón de ser, la defensa del derecho que asiste a estos titulados de acceder a aquellas profesiones para las que han sido formados, y velar porque esto se cumpla. Y corresponde a la universidad apoyar estas iniciativas en defensa de aquellos a los que forma para el ejercicio de estas profesiones. Las Facultades de Ciencias de la Comunicación españolas defienden de manera colectiva este necesario derecho, a través de la asociación que las integra (ATIC), y son un importante aliado de la profesión en esta defensa.
En el actual sistema comunicativo, que permite a los ciudadanos convertirse en emisores de contenidos a través de las tecnologías digitales, resulta fácil confundir comunicación con información, y atribuir erróneamente la consideración de periodismo a cualquier contenido que circula en la red. Es por ello que en la actualidad la figura del periodista y del comunicador social adquieren incluso una mayor relevancia, pues han de ser estos profesionales los que deben gestionar y tutelar la producción informativa, garantizando la credibilidad y calidad de la misma, y avalándola a su vez con su cualificación profesional.
Pero no es hoy el intrusismo el gran problema de la profesión periodística, que afortunadamente es cada vez menor, sino el de la precariedad laboral, sobre todo los bajos salarios y las condiciones de trabajo. Cualquier compromiso por la comunicación pública debe pasar por la defensa a ultranza de la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales. Solo la dignificación de estas condiciones permitirá elevar la consideración social de estos importantes profesionales. La existencia de una élite de periodistas y de comunicadores que disfrutan de un estatus de privilegio produce un espejismo social que no debe ocultar la existencia «lumpen» de una gran parte de estos profesionales. Estas condiciones y la consiguiente pérdida de derechos laborales, que se ha acrecentado en los últimos años so pretexto de una crisis económica que supuestamente obligaba a la reconversión de las empresas del sector y a cambios en las rutinas de trabajo, ha conducido a estos profesionales a una situación de precariedad prácticamente inexistente en otra profesión. Todo ello como resultado de la escasa fortaleza de sus organizaciones frente a los empleadores, ya sean públicos o privados. Todo compromiso por la comunicación pública debe pasar igualmente por la lucha contra la precariedad de este colectivo profesional. Corresponde también a los colegios profesionales la reivindicación permanente de la mejora de las condiciones de trabajo, porque va en ella el prestigio de la profesión y el reconocimiento social y político de quienes con su trabajo contribuyen a fortalecer la democracia. Pero han de hacerlo en cooperación con los sindicatos de periodistas, y no al margen de ellos, cuya función principal es precisamente luchar contra la precariedad laboral.
Corresponde pues a los colegios profesionales, a los sindicatos, y a la propia universidad, como institución preocupada por las salidas profesionales de sus egresados, defender desde sus ámbitos respectivos la dignificación de estas profesiones. Y apelar a las instituciones y a las empresas para que se unan a este mismo proyecto, del que sin duda saldrían beneficiadas todas las partes implicadas. Solo en colaboración con todos los agentes del sector, y sin renunciar a los derechos básicos, se puede llevar a cabo una política que regule y reconozca los derechos y los deberes de los profesionales del periodismo y de la comunicación, tan sensible a los vaivenes actuales del mercado, y que acabe con la incertidumbre permanente de toda una profesión.
La comunicación pública es un derecho de la ciudadanía, es mucho más que una actividad que se produce sin cesar en el seno de la sociedad. Todo compromiso por la comunicación pública debe pasar por el fortalecimiento del periodismo, de sus medios y de sus profesiones, y por la toma de conciencia de las instituciones públicas y de las empresas informativas de su radical importancia. La debilidad del periodismo solo favorece a quienes no creen en la democracia, y la usan en su particular beneficio.
*Juan Antonio García Galindo es catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga
