Espacio abierto

Pacto por la administración pública

27.01.2016 | 05:00

También 2015 ha sido un año de destrucción de empleo en las administraciones públicas. Desde 2010, el sector público en España ha perdido un total de 155.841 trabajadores. O lo que es lo mismo, 78 puestos de trabajo al día. Son sanitarios, docentes, carteros, policías, personal de la Seguridad Social y también de la Agencia Tributaria, un personal fundamental para la concesión de prestaciones sociales a los ciudadanos, en un periodo muy grave de crisis económica, y para la lucha contra el fraude fiscal.

Los distintos gobiernos han tratado de justificar estos recortes repitiendo sin descanso que la administración española está inflada y que los empleados públicos cuentan con una serie de privilegios que les mantienen al margen de la situación económica. Nada más lejos de la realidad.
En las administraciones públicas españolas no sobraban profesores, sanitarios ni personal de Justicia o Servicios Sociales. Por extraño que resulte, aunque la destrucción de empleo público haya sido generalizada en el país, una de las administraciones públicas que ha reducido de forma más significativa sus plantillas ha sido la andaluza, que ha perdido casi 36.000 trabajadores en los últimos años.

Igual de injusto que disfrazar la situación de las plantillas de las administraciones públicas ha sido desprestigiar y castigar la figura del empleado público, etiquetándole como privilegiado en un momento en el que la sociedad entera sufría los estragos de la crisis. Es una falacia considerar que el docente al que la administración reubica durante años a su antojo a pesar de aprobar unas oposiciones sea un privilegiado; o que lo sea el profesional sanitario al que se le niegan por sistema días de permiso para mejorar su formación mientras ve cómo su Administración premia a directivos con másteres y seminarios por toda la geografía española.

Con mentiras como estas se han tratado de justificar los tijeretazos de los distintos gobiernos al sector público, que no sólo han mermado las plantillas, sino que también han aumentado de forma exponencial la precariedad en las distintas administraciones. La educación y la sanidad van camino de convertirse en sectores de empleo estacional, como ocurre, por ejemplo, con la hostelería o el campo. Muestra de ello es que en la educación, durante los meses de verano se den de baja de manera estacional cientos de docentes, que después son contratados con contratos por días o incluso por horas. En sanidad la situación es similar, con períodos de contratación temporal que coinciden con la campaña de la gripe y épocas de colapsos en las urgencias.

Por todo ello, es necesario que en el actual escenario, las diferentes fuerzas políticas incluyan en sus conversaciones la urgencia de un pacto en materia de administraciones públicas. Este pacto debería contener de entrada un plan urgente de recursos humanos para determinar las necesidades de las plantillas y convocar una oferta de empleo público acorde a la situación, además de abordar la recuperación de los derechos laborales y salariales arrebatados al colectivo.

Los sucesivos recortes en los servicios públicos están teniendo consecuencias fatales para la población. Hablamos de recortes en servicios esenciales que ponen en riesgo la atención sanitaria que recibe la ciudadanía, menoscaban la calidad de la educación y paralizan la justicia y la dependencia. Ahora sólo queda que nuestros políticos se den cuenta; bueno, y que se pongan de acuerdo.

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