El pasado jueves 4 de febrero tuvo lugar en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Málaga la proyección del documental Corrupción, el organismo nocivo, del que son autores Teresa Soler y Albert Sanfeliu. El acto, organizado por el Consejo Social de nuestra universidad, contó con la participación del presidente del Consejo, Antonio Morales, del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, de la profesora de Derecho Penal de la UMA, Ana Prieto, y de Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe de Anticorrupción entre 1995 y 2003, además de quien esto suscribe en representación de la Universidad de Málaga. Asimismo, fue numeroso el público asistente, entre quienes se encontraban el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien intervino en el coloquio posterior, y la concejala de Málaga Ahora, Isabel Torralbo; y otros miembros del Consejo Social, de la Universidad de Málaga, y de otros colectivos ciudadanos.
Tanto por la calidad del documental, que pone de relieve las consecuencias de la corrupción política y económica a través de los testimonios de diferentes interventores municipales, como por la seriedad y el rigor en los planteamientos de los participantes en el acto, todos ellos reputados profesionales del Derecho, el Rectorado de la Universidad de Málaga se convirtió por unas horas en un singlar foro especializado sobre la corrupción. Para los directores del documental, su trabajo no solo pretende la denuncia y el análisis de unos hechos determinados, sino la divulgación de los mismos con un propósito formativo y contribuir a la toma de conciencia ciudadana sobre esta lacra social, poniéndose de manifiesto que junto a las acciones policiales y judiciales contra la corrupción hay una labor preventiva y formativa que realizar paralelamente. Resulta imprescindible, en la tarea crucial de erradicar la corrupción, llevar a cabo una acción convergente desde distintos frentes que implique a todas aquellas instituciones y organismos que tengan algo que aportar en esa difícil pero irrenunciable tarea. La persecución del delito y la tramitación de las causas deben contar con los recursos económicos y humanos necesarios para lograr el éxito, pero también desde otras instancias sociales y políticas hay que actuar con un sentido implicativo de la responsabilidad. En definitiva, se trata de una tarea de todos, de una acción colectiva; pero que tiene, sin duda, en las instituciones políticas y judiciales la primera de las responsabilidades, la de seguir tomando la iniciativa en esta lucha y procurar la colaboración de todos. En ese proceso de intervención convergente y corresponsable, la información y la formación deben desempeñar una importante labor como aliados en la lucha contra la corrupción, cuya continuidad debilita sin duda a nuestro estado de derecho. El fortalecimiento del estado democrático debe pasar, a mi entender, por el funcionamiento normalizado de los poderes del Estado, y por una actuación transparente que evite en su seno todo tipo de corrupción interna; y por el apoyo a sus pilares fundamentales, dos de los cuales son el periodismo y la educación como instrumentos que fortalecen a la sociedad. Un periodismo libre y una educación sólida y crítica, formadora en valores, elevarían el nivel de conciencia ciudadana frente a la corrupción, y frenarían la pasividad social en un país que en los últimos años parecía haberse acostumbrado a convivir sin sobresaltos con ella. Afortunadamente, las instituciones del Estado están reaccionado frente a la corrupción, y la sociedad comienza a abrigar la esperanza de que todos los culpables puedan ser juzgados y condenados oportunamente. Es la hora de demostrarlo.
Uno de los testimonios del documental, el de Victoria Camps, catedrática de Filosofía y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos recuerda la importancia de la ética en la política, en la educación y en los medios de comunicación. El mejor modo de actuar eficazmente contra cualquier tipo de corrupción es justamente desde el compromiso con la ética, que debe ser asumido por todos. Como universitario creo que la universidad pública es un espacio privilegiado para el debate y la reflexión crítica sobre los problemas que aquejan a la sociedad, pero también un instrumento al servicio de ella orientando con ejemplaridad el camino a seguir, y abriendo espacios permanentes de colaboración con las instituciones públicas en la defensa de la ética, de la transparencia, y de la democracia.
*Juan Antonio García Galindo es catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga
