Se armó el belén. Un lío. Una historia, otra más de nuestra justicia. Ahora, los colegios de abogados y procuradores de Málaga se niegan a entregar copias en papel de las demandas y escritos iniciadores mientras tengan que usar el sistema de notificación LexNet. Hace dos viernes, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados pidió la suspensión del sistema toda vez que los fallos del programa son de órdago y no ven que pueda garantizarse la seguridad jurídica de los justiciables. Hay demandas que llegan incompletas porque la página no carga lo suficiente, y los procuradores pierden una hora y media en subir las demandas, además de que, en muchos casos, no saben siquiera si han llegado a su destino. La Junta de Andalucía, por su parte, achaca la responsabilidad al Ministerio de Justicia y asegura que se está afanando en acoplar LexNet al programa de gestión que se usa en la justicia regional, Adriano, y que actualmente trabaja en minimizar al máximo los errores, además de recordar que fue el Gobierno el que se empeñó en implementar el plan de papel cero en este servicio público sin dotarlo de presupuesto alguno y a la carrera. El Ejecutivo de Rajoy, liado ahora en ver por dónde le vienen los pactos, reconoce los fallos pero no dice nada a la espera de que el desaguisado se arregle solo o alguien le meta mano sin que salpique mucho la sangre. De momento, el follón es tal que nadie sabe muy bien cómo meterle mano, aunque lo cierto es que los responsables judiciales malagueños están tratando de registrar todas las demandas posibles porque, como explican, «este es el camino, no hay otro». Los jueces han sido tan maltratados durante años que cualquier avance, por desastroso que sea, lo asumen como propio y tratan de que al menos palie en algo la monumental sobrecarga de trabajo que ahora soportan. Llámese LexNet o como se quiera, pero la idea es que la informatización de la administración de Justicia debe hacerse ya para empezar a dar pasos hacia el estatus ideal en cuanto a la integración de las nuevas tecnologías que presentan Hacienda o la Dirección General de Tráfico. Pero, más allá de todo eso, lo que hace falta es un Pacto de Estado por la Justicia rubricado por todos los partidos políticos que tengan algún cariño por su patria para sacarla precisamente de sus garras y proponer una memoria presupuestaria que garantice una inversión sostenida para hacer que este poder del Estado, esencial no sólo para la salud democrática de un país que se debate perennemente entre su alma destructiva y la creativa, sino para impulsar esta recuperación económica que dicen que vivimos ahora. El camino está en LexNet.