Juzgado de guardia

La plaga de la corrupción

22.02.2016 | 05:00

Los altos funcionarios están acojonados. En los últimos tiempos, han sido imputados algunos secretarios e interventores, tanto en los ayuntamientos como en la Junta de Andalucía, porque, o bien no se expresaron con claridad en sus informes o, sencillamente, se plegaron a los intereses de los políticos. Han sido pocos los investigados, un número mínimo de ellos, pero ese toque judicial ha supuesto que ahora los que sí hablan claro y alto en sus informes y dictámenes no se dobleguen a las presiones de alcaldes sin escrúpulos y concejales. Corrupción no es sólo pedir dinero por una licencia urbanística, también lo es burlar la ley, torcerla, para contratar a los tuyos, amañar procesos selectivos y oposiciones para que los mismos de siempre estén en todos los puestos del catálogo de empleos municipales. Es lo que se llama nepotismo y de ello habló el juez Miguel Ángel Torres en una conferencia hace ya algunos años. La pasada semana vimos otro caso de nepotismo: el Ayuntamiento de Benalmádena. De momento, se está investigando y habría que respetar el derecho a la presunción de inocencia de los encartados, pero la denuncia hace hincapié en que, en una época en la que por ley se prohibió inflar el personal de confianza en las corporaciones municipales, se usaron las comisiones de servicio como cajón de sastre por el que colar la contratación de personal laboral, afín siempre a alguien o a un partido, por no hablar de los supuestos enjuagues de la Policía Local del municipio a la hora de elegir oficiales, algo muy reprochable si se tiene en cuenta que hablamos de un cuerpo que debe hacer por que se cumpla la ley. De momento, repito, es una denuncia sobre la que un juez está buscando indicios, pero no sabemos cómo acabará. Ahora hay que dejar trabajar a policías, fiscales y jueces, a ver si hay algún hilo del que tirar. Tal vez, sería necesario dar una vuelta de tuerca más a la legislación y blindar a los secretarios, tesoreros e interventores frente a las corporaciones, de forma que sus informes, pese a ser negativos, tengan un mayor peso, que puedan vetar, de facto, la concesión de una licencia de obra, de apertura o de un determinado plan urbanístico con el fin de que la tropelía no deba ser arreglada, a posteriori, en la jurisdicción Contencioso-Administrativa o en la Penal. Esta y otras medidas que aumenten el control podrían servir para tener ayuntamientos más transparentes, volcados en el servicio al ciudadano y no en el compadreo y en convertirse en una agencia de colocación para pagar favores. Todo esto revela una lamentable falta de cultura democrática, lo que indica que la corrupción sólo puede empezar a combatirse con esperanza cuando la sociedad la reconozca como lo que es: una plaga.

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