Cuando ha transcurrido ya casi un año desde que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía asumiera las competencias de las Políticas Públicas de Protección y Defensa de las personas consumidoras y usuarias en nuestra comunidad autónoma, y siendo hoy 15 de marzo el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, me gustaría hacer una reflexión sobre el papel de la ciudadanía en la articulación de las acciones públicas de consumo.

La evolución del concepto de consumidor hacia el término ciudadano no es un simple asunto de definición, sino que las diferencias de los términos encierran un significado nada baladí. En sus orígenes, el consumidor consumía para sobrevivir, para satisfacer sus necesidades básicas sin atender a otros motivos. El consumo ha sido tradicionalmente considerado como una actividad eminentemente privada; pero desde la Cumbre de Río Janeiro del año 1992, se ha convertido en una cuestión de interés público incluida ya en la Agenda Política Internacional, de cara a evitar la degradación del planeta como consecuencia del consumo exacerbado de las sociedades opulentas.

En la actualidad vivimos en una sociedad de consumo en la que el acto de consumir se convierte en una fuente de bienestar, construyendo identidades sociales muy definidas y articulando estilos de vida muy definidos. Es por ello, que debemos pensar en la persona consumidora y usuaria como ciudadana, como participante del proceso, implicándose en la toma de decisiones y haciendo llegar a las organizaciones políticas sus ideas.

En el siglo XX, la ciudadanía adquirió un nuevo contenido: el social, resultado precisamente del desarrollo económico y social sobre el que se sustenta el Estado del Bienestar, siendo el ser humano miembro de la sociedad civil en la que se desarrollan las prácticas sociales y culturales que dan sentido a su pertenencia al grupo, desde donde se articulan acciones conjuntas, tendentes al logro de una mayor calidad de vida.

El consumo se ha convertido en una esfera de la ciudadanía, los movimientos asociativos de consumidores se fortalecen y los poderes públicos deben apoyar a los ciudadanos que trabajan y se movilizan en grupos asociativos que impulsan nuevos movimientos sociales como el ecologismo, el comercio justo y responsable, y el consumo sostenible.

Hoy podemos afirmar, que estamos lejos afortunadamente de la situación que, a modo de símil, Jorge Luis Borges describía en una de sus obras al decir: «En el ayer que me tocó, la gente era ingenua; creía que una mercadería era buena porque así lo afirmaba y lo repetía su propio fabricante...» y es que el proceso de consumo se ha asentado en la vida y no sólo en el mercado, preocupándonos por la seguridad, la salud, la buena relación precio-calidad de los productos y servicios que se nos ofertan, el funcionamiento de los mercados, en definitiva la responsabilidad en nuestros actos de consumo.

Nuestra sociedad de consumo ha cambiado y madurado a través de la formación, de la participación, de la educación y de la movilización social, y debemos mantener estas constantes. Consumo, salud, educación, formación...... no actúan como elementos aislados sino que son aspectos de la ciudadanía a tener en cuenta de forma decisiva en la toma de decisiones de los poderes públicos y por tanto en la articulación de las políticas públicas.

Educación y formación. No se puede reducir la ciudadanía a la categoría de consumidor pasivo, debemos ir más allá y concebir precisamente el consumo como un modo de ejercer la ciudadanía.

El consumidor se ha transformado en ciudadano capaz de participar en la vida pública, concibiendo el mercado como algo más que un lugar de intercambio de mercancías.

La educación y la formación fortalecen la responsabilidad y los derechos de los ciudadanos y reconocen diversas formas de relación de las personas con el consumo, adoptando posiciones críticas de solidaridad y responsabilidad que acentúen en la persona consumidora ese carácter de ciudadanía que considero necesario.

Estas ideas fueron plasmadas de forma clara y constante en el II Plan Estratégico de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 2008-2011, y están presentes, sin duda, también en la Programación y Planificación operativa de las Políticas de Consumo en Andalucía, en la que trabaja la Consejería de Salud para los próximos años, convirtiéndose en un instrumento fundamental que permite orientar las acciones del Gobierno andaluz a partir de una perspectiva institucional compartida, consolidando la cohesión y el consenso de los intereses de los ciudadanos y de los intereses empresariales, fomentando la responsabilidad social empresarial, en el sentido de integrar de forma voluntaria en sus estrategias de mercado, las preocupaciones sociales y medioambientales, y observando los mercados con el objetivo común de lograr, un mayor nivel de bienestar social para la ciudadanía, de manera que podamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en el Siglo XXI las Políticas de Consumo son y seguirán siendo Políticas de Ciudadanía.

* Begoña Tundidor es delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales