Manuel Chaves y José Antonio Griñán declararán hoy ante el juez por el caso de los ERE fraudulentos. Desconozco si se negarán a declarar, acogiéndose a sus derechos o por el contrario se reafirmarán en lo declarado ante el juez del Supremo. En cualquier caso los dos expresidentes de la Junta ya han sufrido un juicio paralelo, muy doloroso y sometido a la humillación, incluso han estado por encima del código ético que exige el PSOE o, como ha dicho la presidenta Susana Díaz, «con gran generosidad ante el partido». Ni a Chaves ni a Griñán se les podrá acusar de ladrones, de haberse beneficiado del dinero público, de haber engordado su patrimonio con prácticas corruptas y, sin embargo, llevan más de cuatro años en el cambalache de la cocina política, con su honorabilidad puesta en entredicho, sometidos a la presión mediática de los medios ultras y siendo moneda de cambio por partidos políticos que los condenaron antes de que la justicia dicte sentencia. Este calvario infame y sin sentido está clavado en sus vidas, en las de sus familias y en las de sus amigos, entre los que me cuento. La justicia de por sí lenta es en algunos caso demoledora en su tardanza para aclarar y o dictar sentencia. Una absolución, en la que creo, no limpiará sus nombres; fueron tirados de mala manera al barro en meticuloso proceso, no exento de odio en algunos casos y, en otro, cargado de insidias, mentiras y amenazas políticas y mediáticas. Desde mi conocimiento y desde mi verdad no he conocido en mi vida a nadie tan honorables en el ejercicio de su actividad pública como los dos expresidentes. Ninguno de los dos se ha beneficiado o enriquecido y por lo que sé viven de forma muy modesta. Y coincido con el compañero Antonio Avendaño cuando escribe que «uno pierde el honor cuando roba, no cuando se equivoca». Por eso, resulta mezquino y barriobajero comparar a los dos expresidentes con probados ladrones que saquearon lo público como Granados, Matas, Fabra, Rus y la larga lista de la Gürtel, Púnica y Taula, por citar algunos ejemplos bien conocidos. Me consta que al señor Chaves y al señor Griñán le han rebuscado hasta en el fondillo de los pantalones, en una inmisericorde persecución, de la que no han estado exentos sus familiares más cercanos, a la búsqueda de cuentas en Gibraltar, en las islas Caimán y otros paraísos financieros, a los que son tan dados personajes como Luis Bárcenas o Rodrigo Rato. Chaves y Griñán se equivocaron, y también erró el Parlamento andaluz cuando año tras año se aprobaba la Ley de Presupuestos y se incorporaba una partida para desarrollar el procedimiento específico de ayuda a empresas y trabajadores sometidos a los ERE.
Por lo que yo sé las pruebas que acusan a ambos presidentes y a sus más cercanos colaboradores como Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Antonio Lozano sean lo bastante consistentes y más bien habría que hablar de conjeturas, suposiciones, sospechas y deducciones que pueden tener relativa importancia política, pero no penal. Algunos de estos personajes que tuvieron papel protagonista en el desarrollo y crecimiento de Andalucía viven ahora sometidos a la descalificación sin más base que una instrucción sumarial donde lo más grave pasa por ser una error administrativo o no haber puesto más diligencia en la aplicación de las ayudas a los ERE·. Hay que decirlo bien alto: la juez instructora Mercedes Alaya, en sus largos años de instrucción de la caso de los ERE, nunca encontró pruebas suficientes que los inculparan, dedicada como estaba en demostrar la existencia de una trama político-administrativa, urdida según ella, desde la cúpula de la Junta de Andalucía para desviar dinero público a los amigachos socialistas y a los sindicatos afines. La juez Alaya necesitaba imputar al mayor número posible de cargos públicos para abrir lo que siempre pregonó con sus autos: una causa general contra la Junta, o sea, contra Chaves, Griñán y sus más cercanos colaboradores. No hay más acusación que la que dimana de un procedimiento administrativo, quizás ilegal a juicio de la jueza Alaya, y que en los 10 años de su aplicación no hubiera sido advertido por nadie, reflejado como estaba, año tras año, en la correspondiente partida en la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz. En política, como dice Avendaño, saberlo o no saberlo tiene su coste y lo han pagado con creces. Una absolución no limpiará sus nombres, pero todos ellos son personas honorables a los que se les pueden atribuir errores, pero no delitos. Y me afirmo en lo escrito por Avendaño (ver andaluces.es del día 7 de marzo): «uno pierde el honor cuando roba, no cuando se equivoca».
