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La reforma laboral ya no es un fruto prohibido

Los socialistas españoles matizan su oposición a las medidas de Rajoy para flexibilizar el mercado laboral y los franceses las abrazan

31.03.2016 | 05:00

La reforma laboral ha dado sus frutos y «probablemente, acabará dando empleo». La declaración podría ponerse en boca de Mariano Rajoy, de Fátima Báñez o de Joan Rosell, pero quien la pronunció fue Carlos Solchaga, exministro de Economía y Hacienda, y de Industria y Energía, con Felipe González. Para los socialistas, incluso para los de la «vieja guardia», la reforma laboral del PP ha dejado de ser un fruto prohibido.

Solchaga no es un verso suelto dentro del socialismo. Rima con el cambio que ha experimentado el PSOE, que ha pasado de exigir la derogación inmediata de la reforma laboral a firmar con Ciudadanos un pacto para gobernar en España que introduce matices a esa oposición frontal. Pero sin salir del socialismo, sólo hace falta cruzar los Pirineos para encontrarse con una oda a la reforma laboral del PP. El gobierno de Françoise Hollande ha declarado sin disimulo que es un seguidor de las medidas de Mariano Rajoy para «flexibilizar» el mercado de trabajo.

El Gobierno socialista de Francia presentó el pasado jueves en Consejo de Ministros su polémica reforma laboral «a la española», con la que pretende contener el aumento del paro, que en febrero alcanzó el nivel récord de 3,59 millones de personas, más del 10% de la población activa (la mitad que en España). Se trata de una versión modificada respecto al borrador inicial, que generó una movilización social. Sin embargo, las cesiones no han convencido al conjunto de las organizaciones sindicales y sólo han conseguido alejar a las agrupaciones de empresarios, que habían aplaudido la iniciativa.

El Ejecutivo de Hollande ha abandonado algunas de sus medidas más duras, como la de establecer un tope legal a las indemnizaciones por despido improcedente. No obstante existirá un baremo indicativo que el juez de lo social podrá o no aplicar según su criterio. Mantiene también, aunque con ligeras modificaciones, otro punto de discordia inspirado en la reforma española, el relativo a los despidos por motivos económicos. La reforma precisa que los justificará una caída de los pedidos o del volumen de negocio de cuatro trimestres consecutivos o unas pérdidas de explotación durante un semestre. Además, abre la puerta a reducciones de horarios y salarios para mantener el empleo en tiempos de crisis.
Como norma general, los acuerdos adoptados en el seno de las compañías –entre los empresarios y los representantes de los trabajadores– estarán por encima de los pactos sectoriales o incluso de los contratos individuales. La descentralización de la negociación colectiva en Francia siguiendo el modelo de España abre una vía de agua en la ley de las 35 horas semanales, una medida usada hasta ahora por Hollande como bandera y que diferenciaba claramente el modelo laboral francés del español.

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