El Comité español de Unicef presentó hace unos días un revelador informe de 32 páginas dedicado a la «Equidad para los niños», específicamente referido al caso de España. Algunas de sus conclusiones demuestran la escasa eficacia de nuestras políticas públicas para la protección de la infancia, que sufre con especial intensidad los efectos y consecuencias de la crisis. Un medio de comunicación recogía también en estos últimos días la vida cotidiana de una familia con hijos y tan sólo 600 euros de ingresos mensuales. Hay que dejar de pagar -involuntariamente- algunas facturas porque la prioridad es comer. Y es lógico.

Destaco el siguiente párrafo de la presentación que hizo Unicef de su informe en el Congreso de los Diputados: «El 36% de los menores españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión social, pero pese a estos elevados niveles de pobreza infantil, España es el país de la Unión Europea que menos porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) dedica a las prestaciones monetarias para familias e infancia. Se encuentra además entre los países que menos gasto en protección social dedica a los niños y sus familias, con el 1,4% del PIB, frente al 2,3% de media de la UE o el 3,7% de Dinamarca, el 3% de Irlanda o el 2,5% de Francia». Es decir, que siendo España uno de los países europeos más amenazado por estos problemas, sin embargo el ajuste presupuestario sigue su proceso ciego, ajeno a las necesidades reales y urgentes de cientos de miles de familias españolas.

El resultado de esta definición y de esta priorización por el ajuste fiscal es fácil de imaginar. La atención a la infancia y la adolescencia va mucho más allá de mantener abiertos los colegios, proporcionar una correcta educación pública y hacer un esfuerzo de emergencia en el caso de los comedores escolares. La pobreza se arrastra, sus consecuencias duran toda la vida, y la persistencia de altas tasas de desigualdad está creando una sociedad en la que puedes estar condenado al fracaso escolar, la malnutrición o el subempleo vitalicio en función del hogar en el que nazcas. Todas estas cuestiones se abordan en el informe de Unicef.

Algunas de sus propuestas pueden parecer ambiciosas, pero resultan apropiadas. Sobre todo se insiste en la necesidad y urgencia de reforzar los ingresos de hogares con niños pequeños y rentas bajas, pero también de asegurar el acceso a la educación y la sanidad -recordemos el caso de algunas vacunas, eliminadas del catálogo obligatorio debido a su precio-, garantizar una alimentación saludable y, finalmente, observar y vigilar el llamado «bienestar subjetivo» de los jóvenes españoles. Un indicador que «ofrece una perspectiva única de la realidad infantil y juvenil, y lo hace a través de sus propias opiniones».

La mayoría de los niños y jóvenes españoles se sienten bien. Pero un grupo importante se queda al margen. «Las características comunes de este grupo -dice el informe de Unicef- incluyen el bajo nivel educativo y la baja empleabilidad de sus progenitores; las carencias económicas y materiales; la inestabilidad familiar; la condición de inmigrante; la inseguridad en casa o en el colegio, o la falta de participación en el ámbito doméstico. Se conoce también con cierta fiabilidad en qué territorios se ubican. Estos niños y sus familias constituyen un grupo identificable que, por lo tanto, podría ser objeto de una atención específica por parte de las instituciones públicas. Unicef hace recomendaciones específicas en este sentido, que derriban el mito de que la desigualdad es inevitable o una mera consecuencia indeseable del progreso general».

Recomendaciones de políticas públicas justas y documentadas, que harían de España un país mejor si se tuviesen en cuenta. Veremos.