Si los partidos no llegan a un acuerdo de última hora para formar gobierno, cosa más que probable por la evolución de las negociaciones, habrá nuevas elecciones el 26 de junio, seis meses más tarde de los comicios del 20 de diciembre. El día 3 marcará la fecha de la disolución de las Cortes y la convocatoria de las nuevas elecciones. A tan solo 24 horas del inicio de la tercera y última ronda de consultas que el Rey llevará a cabo con la intención de cerrar el proceso institucional, los partidos políticos siguen manteniendo sus diferencias y sus dificultades para el diálogo y el entendimiento, mientras se respiran aires de campaña electoral.

En estos meses se ha ido evidenciando un paulatino alejamiento de los partidos políticos de la realidad social del país, pese a que los resultados electorales habían supuesto una llamada de atención a los dos grandes partidos, PP y PSOE, lastrados por los años de crisis, y una oportunidad para los partidos emergentes, C´s y Podemos, para que pudieran contribuir con soluciones nuevas a los graves problemas que afectan a los españoles. En un caso y en otro, la fragmentación del voto político no es más que el reflejo de la sociedad española ante su realidad, y la muestra de sus diferentes respuestas y opciones. Todas ellas legítimas, por lo que cualquier suma que diera lugar a la formación de un gobierno siempre sería igualmente legítima. Estos cálculos siguen siendo hoy los mismos que el día después de las elecciones.

Obviamente, todo proceso de negociación es siempre necesario antes de cualquier pacto, porque en ello consiste un pacto, en una negociación, en aproximar posiciones y alejarse de maximalismos que impiden el entendimiento. Sin embargo, durante todos estos meses ha habido sobre todo una escenificación de las negociaciones, cuya teatralidad iba dirigida a los medios de comunicación más que a los ciudadanos. En la sociedad del espectáculo la impostura es más importante que la credibilidad, y la escenificación de los intentos por lograr un acuerdo más que el consenso real.

Estos meses han supuesto una pérdida de tiempo muy importante para poner en marcha las necesarias reformas que necesita urgentemente este país. Mientras que los políticos defendían sus posiciones y mantenían sus diferencias, la sociedad española ha seguido sin obtener la respuesta que demandaba con su voto. Los ciudadanos fuimos a votar el 20D para que hubiera un nuevo gobierno y nuevas cortes, y no para que la gobernación del país se paralizara. Durante estos meses no solo hemos podido comprobar las diferencias políticas y de estrategia de los distintos partidos, y las dificultades que ellos mismos ponían para lograr un pacto de gobernabilidad, sino que hemos presenciado con sorpresa cómo el gobierno en funciones deja de comparecer en el Congreso para responder y dar explicación de sus actuaciones. Un gobierno en funciones es aquel que ostenta la facultad de gobernar de manera interina hasta la constitución del nuevo gobierno, pero sus medidas y actuaciones son igualmente válidas, y por tanto deben seguir sometiéndose al control de las instituciones.

Pero si el gobierno en funciones muestra así una gran irresponsabilidad política, el conjunto de los partidos también la tienen al no haber sido capaces de llegar a acuerdos para la constitución del nuevo gobierno, más preocupados por sus propios programas y por estrategias que ya miran hacia las nuevas elecciones, que por atender las demandas de unos ciudadanos que no desean nuevas elecciones, y que de producirse provocarán una mayor abstención. Probablemente, tampoco difieran mucho los resultados electorales de la aritmética actual. Y es igualmente probable que la orientación del voto acabe beneficiando sorprendentemente al gobierno del PP, y en menor medida a IU, mientras que los partidos que hoy podrían formar gobierno podrían sufrir un descalabro electoral.

Nuestros políticos parecen estar más en la política de salón que en la política real, más preocupados en los dimes y diretes que en la obligación de pactar y de llegar a acuerdos de mínimos que garanticen la estabilidad del país. La política de salón es aquella que está divorciada de la realidad, que es más discursiva y retórica que de acción, que está más en los pasillos y en los fogones que en la realidad de la calle. La que carece de altura de miras para ver con visión de Estado el porvenir del país. Y aunque en Podemos presuman de lo contrario, su comportamiento real en nada difiere del comportamiento de los partidos tradicionales. Todo empieza a ser igualmente convencional.

El acuerdo de PSOE y C´s era un importante logro estratégico para gestionar la centralidad del espectro político resultante de las elecciones con la suma de Podemos, y una oportunidad para acordar acciones de gobierno que trajeran aires nuevos a la política española desde el consenso y no desde el rodillo. Tiempo tendría entonces el PP de refundarse sobre bases más modernas y europeas, alejándose además del estigma de la corrupción.

*Juan Antonio García Galindo es catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga