Si algo habría que recomendar a los ciudadanos europeos y a sus representantes es que la preocupación que rodea a las negociones del TTIP no les impida ver lo que significa otro acuerdo de libre comercio: el ya firmado con Canadá.

Porque muchas de las críticas que se hacen al acuerdo transatlántico de libre comercio e inversiones con EEUU, sobre todo a raíz de la filtración de lo que se negocia a puerta cerrada, pueden hacerse también al CETA que, si se cumple el deseo de Bruselas, entra en vigor este mismo año.

Muchos lobistas que han trabajado a favor del CETA esperan sin duda que el escándalo montado últimamente en torno al TTIP hagan olvidar lo que representa el otro acuerdo comercial, que entraña, según sus numerosos críticos, parecidos peligros en materia de defensa de los consumidores europeos o de protección ambiental.

Porque incluso si el TTIP terminase descarrilando por la fuerte oposición existente a ambos lados del Atlántico, muchas multinacionales estadounidenses podrían hacer similares negocios con Europa a través de sus filiales en suelo canadiense.

Preocupados por tal posibilidad, miles de ciudadanos alemanes se han unido a una acción colectiva iniciada por una profesora de música en la plataforma de internet Change.org contra el CETA, que se presentará ante el Tribunal Constitucional.

La profesora, Marianne Grimmelstein, buscó a un jurista especializado en derecho constitucional que pudiera representar a los firmantes y lo encontró en la persona de Andreas Fisahn, de la Universidad de Bielefeld, asesor de ATTAC y autor de un libro crítico del libre comercio.

Fisahn ha anunciado ya que presentará el recurso ante el Tribunal Constitucional en cuanto el Consejo Europeo decida la puesta en marcha de al menos partes importantes de ese acuerdo a título provisional, lo que ocurrirá con casi total seguridad el próximo mes.

Aunque la entrada en vigor del CETA no sea definitiva hasta que lo aprueben todos los parlamentos de la UE, Fisahn quiere evitar de esa forma los hechos consumados.

Podría ocurrir, por ejemplo, que gracias a ese acuerdo se permitiera a las empresas canadienses o estadounidenses con filiales en ese país introducir en Alemania productos genéticamente modificados, lo que no se podría parar ya sin más y adquiriría carácter de irreversible.

El jurista germano explica en apoyo de la demanda colectiva de los ciudadanos que si bien la ley alemana protege la propiedad privada, al mismo tiempo impone limitaciones a su uso.

En un platillo de la balanza está la protección de la propiedad privada y en el otro, la defensa del medio ambiente y la protección de la salud de los ciudadanos.

Ese equilibrio se rompería con un acuerdo como el CETA, y por supuesto también el TTIP, siempre en beneficio de la propiedad y con el correspondiente perjuicio para los consumidores o los derechos de los trabajadores.

Uno de los mayores reparos que pone el jurista germano al acuerdo de la UE con Canadá es el de que con él se erosiona el llamado principio de precaución europeo, según el cual no se autoriza la comercialización de un producto del que existan sospechas de que pueda ser nocivo para la salud o el medio ambiente.

En la legislación estadounidense no existe tal principio y no puede prohibirse allí un producto si no se demuestra científicamente su nocividad.

Y si las empresas toman allí también sus precauciones es por el miedo a las indemnizaciones millonarias que tendrían que pagar en ese caso. Aunque para evitarlas están sus bien remunerados equipos de abogados.

Otro motivo de inquietud para los demandantes está en la futura composición del tribunal que dirimirá los eventuales conflictos entre las empresas y los Estados.

Aunque no está aún resuelto el tema, se teme que ese tribunal lo compongan exclusivamente abogados especializados en derecho mercantil, de los que en principio no cabría esperar que fueran especialmente sensibles a las preocupaciones de los ciudadanos.