A 25 años ya de la subida de Jesús Gil al poder en Marbella, Jorge Lemos y el Consejo Social de la Universidad de Málaga organizaron unas jornadas en el Palacio de Ferias de la localizada para analizar aquel apagón democrático, un foro en el que participaron importantes juristas, arquitectos y periodistas y en el que se debatió de lo lindo sobre las causas y las consecuencias de aquel periodo en el que el expresidente del Atlético de Madrid encadenó tres mayorías absolutas hasta su inhabilitación por el caso Camisetas. Se habló mucho de lo que falló, por ejemplo numerosos controles administrativos que estaban ahí para evitar que se hiciera urbanismo a golpe de convenio saltándose a la torera la legalidad; se estudiaron los numerosos recursos que la Junta de Andalucía interpuso en la época contra las licencias de obra concedidas por la comisión de gobierno al albur de enormes mordidas pagadas por constructores a la caja común de Juan Antonio Roca; se habló de los votos de los ciudadanos que llevaron a Gil al sillón de la alcaldía por el hartazgo de los partidos políticos tradicionales -¿les suena de algo?- y también se pusieron en tela de juicio la política a base de convenios y la especialización de las unidades policiales al servicio de jueces y fiscales. Años después, cuando ya se ha podido extraer una serie de conclusiones más o menos exactas sobre lo sucedido, hay una única cosa clara: Marbella nunca sabrá cuánto le robaron, porque al caso Malaya, del que se cumplieron en marzo de 10 años, se suman los numerosos asuntos de convenios urbanísticos que se instruyen en el juzgado número 1 de la capital costasoleña y los sumarios de Minutas, los casos Saqueo 1 o 2, o las diferentes piezas separadas de la principal trama de corrupción como el juicio a Isabel Pantoja y Maite Zaldívar. El propio fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, reconoció que es casi imposible cuantificar el perjuicio patrimonial que sufrió Marbella, a lo que hay que sumar las numerosas infraestructuras sanitarias, educativas, judiciales o de otro tipo que nunca llegaron a materializarse porque el Estado y la Junta abdicaron, durante mucho tiempo, de sus funciones en la tierra del hombre que gobernaba desde su piscina del Club Financiero. Diego Martín Reyes, expresidente de la gestora marbellí, considera que hay muchos motivos para ser optimista de cara al futuro, precisamente por lo que se aprendió de toda aquella época, y no sólo en la forma de investigar, persiguiendo el beneficio económico del delito, sino también por el hecho de que la ciudadanía es hoy más madura en cuanto a valores democráticos y están más preparados para advertir un fenómeno así desde el principio.