Un año más, el verano llega escandalosamente a la Costa del Sol y en estas fechas comienzan también a notarse las carencias que arrastran los juzgados durante todos los días de cada ejercicio. En el caso de los juzgados de Instrucción de la Costa del Sol, estos han de hacer las guardias con la mitad de la plantilla desde que, en 2012, la Junta de Andalucía comenzase a recortar a lo grande en todas las áreas de su competencia usando para ello una instrucción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El asunto es que los funcionarios cobran por hacer las guardias y el Ejecutivo autonómico entendía que no puede hacer frente a esos emolumentos, por lo que finalmente optó por recortar el número de funcionarios que atienden este servicio. El problema es que Málaga, punto turístico mundial, duplica su población censada durante junio, julio, agosto y septiembre, y las fiestas y ferias se multiplican por todos los puntos del litoral, lo que equivale, como es natural, a una mayor conflictividad. Los sindicatos STAJ y SPJ-USO han denunciado que es imposible seguir asumiendo esas guardias con la mitad de los efectivos disponibles y piden a la Consejería de Justicia e Interior que recapacite en este sentido, pero la respuesta es siempre la misma: no hay dinero, ni para eso ni para otras muchas cosas. No es que sea un problema en exclusiva de la Junta sino que todas las administraciones andan con la tijera buscando qué partidas recortar con el fin de que las cuentas cuadren a final de cada ejercicio. Eso lo pueden ver de un simple vistazo cuando se habla de sanidad y educación. Ahora que arranca, por quinta vez en poco más de un año y medio, una campaña electoral, tal vez sería una buena oportunidad de que los partidos hablen de justicia, de que incluyan en sus programas un pacto de Estado por este servicio público que suponga el compromiso de una inversión sostenida anual para renovar tecnológicamente los juzgados, hacer la reforma administrativa que se necesita e incrementar el número de jueces y fiscales. Parece ciencia ficción, pero hace años que los juzgados necesitan de dinero para poder hacer bien su trabajo, así como diversas reformas procesales que signifiquen un apoyo decidido, por ejemplo, a las unidades de investigación adscritas a los fiscales para poder ponerle coto a la corrupción, otro fenómeno para el que hace falta un gran pacto de Estado. De eso no se habla, pero no se les puede pedir mucho a estos políticos que, por no hablar, ni siquiera hablan de empleo. Ya es época de que empiecen a ponerse las cartas sobre la mesa y todo el mundo sepa cuáles son las preocupaciones de los partidos.