La operación Fariseo, que ha acabado con el capitán del puesto de la Guardia Civil de Coín entre rejas, ha colapsado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad, lo que hizo que sindicatos y responsables judiciales pidieran refuerzos a la Junta. Se da la circunstancia de que además en ese negociado se tramita el enorme sumario del gran incendio que asoló la Costa del Sol el 31 de agosto de 2012 y en el que hay más de 400 perjudicados. Algunos de los puestos de los funcionarios que se han dado de baja tardan hasta tres meses en ser cubiertos por la administración y el trabajo ha desbordado todas las redes de seguridad de una oficina de pueblo que no está acostumbrada a este tipo de macrocasos más propios de juzgados de Marbella, Estepona, Torremolinos o Fuengirola. Este es, como hemos dicho, otro síntoma más de la absoluta falta de medios que arrastra la justicia no sólo en Málaga sino en todo el país. Otro ejemplo es la lentitud con la que avanza el caso Astapa, contra la corrupción política y urbanística en Estepona. Ya han pasado ocho años desde que se produjeron las primeras detenciones y diez desde que la investigación se inició tras una denuncia. Ni siquiera se ha escaneado toda la causa, como sí se hizo en Malaya, y el juez Jesús Torres está desbordado. Ahora, han pedido otro año y medio más para investigar, lo que ha criticado hasta el TSJA. No tiene mucho sentido que, de vez en cuando, se nos llene la boca hablando de justicia, calidad democrática y demás zarandajas y luego tengamos unos jueces y fiscales postrados por la absoluta falta de medios para investigar macrocausas. Hay algunos juristas que reconocen abiertamente que ellos ya sólo pueden perseguir aquello que les llega, es decir, lo que se les denuncia, pero necesitan más personal para tratar de luchar contra todos los casos, aquellos de los que les avisan y los que ellos conocen. El inolvidable Gabriel Gómez Ruiz de Almodóvar llegó a decir un día que la Fiscalía Antidroga eran él y su bolígrafo. Hoy, la situación ha cambiado a mejor, pero queda tanto camino por recorrer que parece difícil que la situación de este servicio público mejore con los actuales mimbres. Ya hemos defendido desde esta tribuna la necesidad de que se haga un gran pacto de estado por la justicia, de forma que se establezcan como prioridades una inversión anual sostenida y la implantación de las nuevas tecnologías en los juzgados y tribunales, para lo que hace falta, claro está, mucho dinero. No sé si los políticos son conscientes de lo que nos jugamos si la justicia no está a la altura del resto de poderes del estado, pero es mucho.