Políticas públicas

Los grupos de interés (lobbies)

21.06.2016 | 05:00

Vino a Málaga el lunes 13 Quim Molins, catedrático de la Universidad de Barcelona, a presentar su nuevo libro sobre los grupos de interés en España. Lo trajo Ángel Valencia, catedrático de la UMA, y el encuentro propició un entretenido coloquio en torno a los lobbies (como aún les llama mucha gente) y su influencia en el diseño de las políticas públicas españolas y en la legislación.

En otros países la existencia de estos grupos de interés está normalizada. Hay registros públicos de estos grupos de influencia, y su actividad está reglada. En España la actuación de los lobbies es aún sospechosa, y a pesar de que la normativa ya los está reconociendo, aún es pronto para que su trabajo sea aceptado con esa misma naturalidad con la que ya se hace en la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países avanzados.

Durante el encuentro tuve la oportunidad de recordar y hacer pública mi propia experiencia como parlamentario. La industria tabaquera invitó a formar parte de una mesa redonda a diferentes miembros de la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía. Estudiando para mi intervención descubrí muchas noticias desconocidas acerca del contrabando de tabaco, la evasión de impuestos, la economía sumergida y los riesgos aún mayores para la salud pública derivados del consumo de tabaco de procedencia desconocida. Es cierto que ni la industria tabaquera ni los estanqueros son colectivos que disfruten de grandes simpatías públicas, pero sus argumentos tenían sentido y fue interesante conocer su punto de vista.

No todos los grupos de interés actúan buscando beneficios económicos. Muchos colectivos se organizan y articulan para transmitir sus puntos de vista, llegar al legislativo y tratar de ser influyentes. Cada ley que se tramita suele contar con un procedimiento de audiencia de los colectivos implicados e invitados. Cada año la elaboración de la Ley de Presupuestos se hacía contando con las intervenciones de agentes sociales y económicos. Por mi parte, durante la legislatura tuve la oportunidad de atender a sindicatos, empleados de empresas con dificultades, «camisetas amarillas», «camisetas moradas», asociaciones empresariales, colectivos con problemas sanitarios (como la Asociación de víctimas de la talidomida) y muchísimas personas con la necesidad de comunicarse con el Parlamento. Fue una experiencia gratificante que estaba en línea con lo señalado en el libro dirigido por Quim Molins.

Nuestras conclusiones al respecto también fueron coincidentes. Considerando un punto de partida crucial –que las grandes empresas y asociaciones empresariales están mejor organizadas para hacer llegar sus opiniones a gobiernos y legisladores– los integrantes de la mesa de presentación apuntamos la necesidad de más transparencia en las relaciones entre gobiernos y grupos de interés –lo que se puede conseguir publicando las agendas, por ejemplo– y también las posibilidades que puede dar una buena regulación de estas relaciones. En Cataluña se han regulado los grupos de interés a través de su Ley de Transparencia. El País Vasco parece que va a seguir este modelo. Por su parte, en el Ayuntamiento de Madrid hay varios artículos en el borrador de Ordenanza de Transparencia. No se han dado muchos más ejemplos, y la dispersión normativa amenaza de nuevo con hacer acto de presencia.

Junto con la transparencia y la regulación, también es necesario hablar de códigos de conducta de los funcionarios públicos y de la profundización en la ética y la integridad de los poderes públicos. Regular el trabajo de los grupos de interés quedaría en papel mojado si no se acompaña de un esfuerzo por el buen gobierno con todas sus consecuencias. Los grupos de interés aportan información y puntos de vista quizás no siempre conocidos. Naturalizar su existencia marcando el terreno de juego es el camino a seguir.

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