Dice el insustancial de Pedro Sánchez que respeta la presunción de inocencia de De Gea, pero que se siente incómodo al verlo en la portería de la selección española. Como que le crea cierto resquemor que alguien cuyo nombre pulula entre la prensa deportiva y las crónicas de sucesos no se haya ido voluntariamente a prisión por el mero hecho de ser noticia.

Hago memoria y me cuesta recordar una frase más imprudente por parte de alguien que se postula a ser presidente de un país democrático con sometimiento a las leyes, pues el principio de presunción de inocencia, o como dicen los que chulean de latinajos, in dubio pro reo, se encuentra expresamente recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, y establece que nadie, absolutamente nadie, puede ser considerado culpable hasta el dictado de una sentencia condenatoria firme.

No cuando lo diga la policía, ni cuando lo publique la prensa, ni cuando lo grite a los cuatro vientos el denunciante, ni cuando el juez instructor procese al acusado, única y exclusivamente cuando el reo sea condenado por un tribunal natural tras la celebración de un juicio con todas las garantías, nunca antes. Todo lo demás es una caza de brujas propia de incultos, patanes, paletos, chismosos de pacotilla y regímenes totalitarios con esbirros mediáticos al servicio de intereses bastardos.

Cierto es que algunos delitos, como el abuso sexual del que presuntamente el portero dicen que es autor, tienden a calentar las entrañas del público y encienden pasiones intestinas difíciles de mitigar, pero los profesionales del derecho saben que, desde el respeto a las supuestas víctimas, deben salvaguardarse siempre los derechos de los procesados: su derecho a un juicio justo, a la intimidad, a mantener intacto su honor y su propia imagen, etc. De lo contrario la gente sería condenada por clamor popular o por cuestiones ajenas a la ley, y no por las pruebas. Ya puestos volvamos a las sacas de la Guerra Civil y masacremos a los presos preventivos o a todo aquél sobre el que pese una imputación. Para qué esperar a juicio.

Desde mi punto de vista, este ambiente de acusa que algo queda ha sido propiciado por unos políticos que, desde una actitud de lo más irresponsable, han desvirtuado la presunción de inocencia. Han convertido la imputación en un adelanto de la pena y la han disfrazado de arma arrojadiza en sus programas electorales, consiguiendo así que cualquiera alcance el convencimiento de que cuando el río suena es que agua lleva, lo cual es absurdo e ilegal. En nuestro sistema existe otra garantía procesal tan importante como arrinconada, que es la del derecho a un juez imparcial, lo que implica que un juez instructor investiga la causa y otro, con absoluto desconocimiento del asunto, juzga el asunto sin estar contaminado. Este último, el magistrado sentenciador, es quien tiene la obligación y la responsabilidad de condenar o absolver, y hasta que eso no ocurra nadie tiene derecho a calumniar al imputado, ni a prejuzgar el proceso. Hacerlo supone violentar la división de poderes y creerse en posesión de la verdad y del futuro, pero ambos bienes son huérfanos hasta que un juzgado impone su criterio y atribuye la paternidad.

Por mucho que a alguna prensa le pese, una cosa es la publicidad del proceso y otra bien distinta el abuso mediático contra el que el TEDH interpretó el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, amparando las libertades de expresión e información pero imponiendo ciertas restricciones por ley para la protección de la reputación de los derechos ajenos, impedir la divulgación de informaciones confidenciales y garantizar la autoridad e imparcialidad del poder judicial.

Si alguno de ustedes es detenido comprobará una realidad que se repite en casi todos los despachos policiales del país. Miren las paredes y verán que parecen tablones de anuncios trufados con recortes de periódicos que hablan de detenciones de peligrosas bandas, esquivos asesinos o concejales corruptos. Léanlos, busquen bien, les será difícil encontrar una noticia sobre la pena impuesta a esos personajes. Qué quieren que les diga, prefiero un titular sobre una condena a un delincuente antes que mil historias sobre llamativas y estériles operaciones policiales llevadas a cabo contra ulteriores inocentes.

Siempre recordaré el caso de un súbdito catarí detenido por haber violado a una veinteañera británica. Tras 72 horas detenido compareció ante la magistrada para proclamar su inocencia, a continuación declaró la supuesta víctima narrando la agresión sexual con todo lujo de detalles. En juicio la chica se desmoronó y reconoció su mentira, contó que muchas agencias inglesas hacen un seguro de viaje de fin de semana que cubre incluso la violación, y con sólo presentar la denuncia en su país de origen son indemnizadas con 10.000 euros. Sin necesidad de sentencia, impresionante.

El que la hace que la pague con todas las consecuencias, siempre estaré a favor de eso, pero el que la haga, no el que nos dicen o nos cuenten, pues no olvidemos que lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. El candidato Sánchez, al igual que los demás, puede prometer la luna, la rebaja de impuestos y la dación en pago de deuda, pero lo que ni él ni los demás pueden es alimentar el fuego de una hoguera inquisitorial que no debió encenderse nunca.

Guardemos las guillotinas, doblemos los dedos acusadores y desanudemos las horcas. No tengamos prisa por abrillantar el garrote vil. Dejemos a los jueces trabajar, eso sí sería noticia. Seguro que su independencia y su profesionalidad es lo que realmente hace sentirse incómodo a más de uno.