Haré lo que sea». La advertencia de Mario Draghi para asegurar la estabilidad de la unión monetaria aún resuena cuatro años después. Fue entonces cuando el presidente del Banco Central Europeo (BCE) se sacó de la manga un plan de compra ilimitada de deuda soberana que, pese a no haber sido utilizado, tuvo un efecto casi mágico para reducir la presión sobre los países más vulnerables de la eurozona, entre ellos España. Ahora que se anuncian más turbulencias con el brexit, la varita de Draghi está libre de sospechas. Los jueces afirman que no hay ni trampa ni cartón.

El Tribunal Constitucional (TC) alemán rechazó la semana pasada los recursos presentados contra el programa de compra de bonos de deuda soberana del BCE, aunque advirtió de que su puesta en práctica sólo es legítima bajo determinadas condiciones de supervisión. La sentencia afecta al programa conocido como «Outright Monetary Transactions» (OMT), que fue anunciado en 2012 y prevé la compra de bonos de Estados en crisis de manera ilimitada para que esos países mantengan su solvencia. El solo anuncio del OMT tranquilizó a los mercados en el momento más duro de la crisis y supuso que, entre otras, la prima de riesgo española descendiera desde máximos hasta el nivel actual, por debajo de los 160 puntos básicos.

Los demandantes, más de 35.000 ciudadanos alemanes y el grupo parlamentario del partido Die Linke (La Izquierda), consideraban que el OMT implicaba una intervención del BCE en los presupuestos nacionales y en la política económica, y que esa función no está entre las competencias del BCE por no ser un organismo legitimado democráticamente.

El propio TC alemán, a comienzos de 2014, había expresado dudas sobre la legitimidad del programa pero optó por consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró el programa de acuerdo a derecho, lo que fue decisivo para la sentencia que se difundió la semana pasada. Los jueces, en la explicación del fallo, admiten que siguen teniendo dudas pero que se sienten vinculados a la decisión del Tribunal europeo. No obstante advirtieron de que si el Bundesbank participa en el futuro en una operación de este tipo, deberá hacerlo bajo la observación del Gobierno y el Parlamento alemán.

Con esa decisión, los jueces de Karlsruhe despejan el camino a posibles intervenciones futuras del BCE, ahora que el «Brexit» despierta los fantasmas. Además, evitan un choque de legitimidades entre la Justicia europea y la alemana. Y lo más importante: refuerzan la credibilidad del BCE y de su presidente en un momento en el que un veredicto negativo podría haber tensionado aún más los mercados y sembrado dudas sobre la capacidad de la eurozona para asegurar su supervivencia.

El fallo del Constitucional se refiere a la operación lanzada hace cuatro años y nunca utilizada hasta el momento, y no a las compras de deuda actuales en las que se ha embarcado el BCE para tratar de situar la inflación cerca del 2%. Pese a que el veredicto no se refiera al programa en marcha, un veto alemán habría tenido importantes consecuencias en los mercados y en las compras de deuda que el BCE lleva a cabo cada mes por un valor de 80.000 millones de euros. Desde el pasado día 8 también compra deuda corporativa (ya adquirió bonos emitidos por empresas valorados en 4.898 millones de euros) y está por ver con qué país se estrenará la varita de la compra ilimitada de deuda soberana.