Una de las normas no escritas de la democracia occidental es la de que quienes pierden las elecciones, estando en disposición de ganar, o quienes pierden muchos más votos de los que se cosecharon en anteriores elecciones bajo las mismas siglas, deben dimitir y dejar paso a otros líderes. Es lo que debían haber hecho Rajoy y Sánchez antes de finalizar el año 2015.

No fue así y la segunda vuelta electoral de junio de este año ha indultado a Rajoy y condenado más aún a Sánchez. Y esto me lleva a reflexionar sobre el verdadero problema político que afronta España en estos momentos.

La democracia española está enfangada en la partitocracia y solventar esta grave hándicap, que nos ha llevado a la parálisis actual, exige que los principales beneficiarios de ese sistema, es decir quienes se sientan en estos momentos en el Congreso, tengan la valentía y la honestidad de llevar a cabo urgentemente los cambios legislativos necesarios. Pero para conseguirlo se exige que el parlamento actual, que tanto denosta con razón al antiguo régimen franquista, y de modo especial los parlamentarios populares y socialistas, imiten el gesto de los últimos procuradores de las Cortes franquistas de hacerse el harakiri político en beneficio del conjunto de la sociedad española, y acaben con esta partitocracia que lastra el funcionamiento democrático español. Esta es realmente la segunda transición que España necesita.

Porque las democracias no pueden impedir que corruptos, tontos o irresponsables puedan alcanzar cotas importantes de poder en el sistema -a través de sus partidos- bien en el Gobierno, bien en la oposición. Pero los más acreditados sistemas democráticos se han dotado de los mecanismos oportunos para deshacerse de ellos con prontitud. El ejemplo Cameron es ilustrativo de cómo los británicos han quitado de en medio a un irresponsable que se ha pegado un tiro en su propio pie.

Pero nuestra partitocracia radicalmente piramidal, ensimismada en sus personales intereses, es incapaz de entender el deseo profundo de cambio político que la sociedad española ha expresado ya en las dos últimas elecciones, -o si lo entiende y no actúa en consecuencia peor me lo ponen-; con el agravante de imposibilitar que los más capaces sean quienes puedan alcanzar los puestos políticos dirigentes que el país necesita. El sistema partitocrático español ha empantanado la política española convirtiendo al conjunto del país y de los españoles en rehenes de unos pocos «secuestradores» que tienen todo el poder en sus partidos, que viven en un tiempo irreal aislados en una realidad política «virtual» ajena a la sociedad y que están encantados de ser acunados por un coro de aduladores que no conocen de la política más que el servilismo lisonjero para medrar en el seno de sus partidos. ¡Qué duro está ganarse el pan honradamente en la calle!

Ciertamente la corrupción -no solo política y de los políticos- es muy grave; la creciente desigualdad social y el empobrecimiento de amplias capas de la clase media es también muy preocupante, el retroceso en el estado del bienestar lo es asimismo, existe un declarado golpe de estado secesionista a pequeñas dosis en marcha, etc., pero hay prioridad de objetivos y en estos momentos el problema principal de España es la parálisis del funcionamiento del Gobierno, con todas las gravísimas consecuencias de todo tipo y global afectación que de ello se derivan, y el riesgo en que la partitocracia está sumiendo a las propias instituciones democráticas del Estado.